Soy un convencido de que nuestra sociedad cuenta con ciudadanos y organizaciones comprometidas en la lucha por transformar pacíficamente esta realidad que no deja satisfecho a nadie, sin necesidad de embarcarnos en aventuras que, haciendo uso de la violencia sin sentido, se empeñan en transitar a estadios que no garantizan la solución de nuestros problemas y sí contribuyen a profundizar los enconos heredados del pasado.

A pesar del mandato constitucional que establece que en junio de 2016 concluya la implementación de la reforma de justicia penal en todo el país, a febrero del presente año solamente 16 entidades habían iniciado su proceso de transición hacia el sistema acusatorio.

A dos años de que concluya el plazo constitucional para que opere de manera integral el nuevo sistema de justicia penal, hay que insistir en las tareas que faltan: una nueva Ley contra la Delincuencia Organizada, la aprobación de la iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal e Intensificar el proceso de capacitación, certificación y profesionalización homologado de las policías.

Una parte de la corrupción existente en el actual sistema de justicia penal mexicano se deriva de la falta de ética pública con que se conducen algunos de sus funcionarios, operadores e integrantes de las agrupaciones policiacas, y otra que deriva de deficiencias en el diseño de las leyes, que en su aplicación generan o inducen a la corrupción, iniquidad e impunidad, afectando los derechos humanos de las víctimas de delitos.

Si bien es de considerar el valor y significado que la Estrategia por la Seguridad de Tamaulipas tendrá en el fortalecimiento de las políticas de seguridad y en el combate contra el crimen organizado, es inocultable que el amplio despliegue militar no terminará inmediatamente con el clima de inseguridad y violencia que sigue privando en la entidad, debido a las persistentes confrontaciones entre grupos criminales, los incesantes homicidios, secuestros y extorsiones.

La detención del “Chapo” Guzmán demuestra la utilidad que tiene el uso de la tecnología en el combate al crimen organizado, tanto para la localización y captura de un delincuente, como para la elaboración de mapas de vínculos que permiten profundizar en las investigaciones y en la identificación del mayor número de personas involucradas en una banda criminal.

¿Quiénes son los "beneficiarios" de la trata de personas? No son entes desconocidos, que resulten inimaginables para el resto de la sociedad. No. Son gobernantes, futbolistas, artistas, abogados, estudiantes, políticos, jueces, empresarios, turistas, padres y madres de familia que al final del día llegan a sus casas, con sus hijos y se consideran hombres y mujeres respetables.

Ante la urgente necesidad de acelerar el proceso de instauración del nuevo sistema de justicia penal en toda la República y aplicar los mecanismos que contribuyan a abatir los resabios del viejo sistema y los índices de violencia y criminalidad existentes, desde México SOS hacemos un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para que se acelere el proceso de aprobación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Penal.

Con la instauración del nuevo sistema de justicia penal (acusatorio y adversarial), el rediseño del sistema de seguridad pública y la inclusión del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014-2018, se terminó de construir la triada con la que el Estado y la sociedad mexicana esperan contar con una eficaz procuración y administración de justicia penal.