Dossier

El Mando Estatal Unificado facilitaría la coordinación entre las instituciones policiales, al establecer los mismos procesos y procedimientos para las corporaciones municipales.

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México es el país con más riesgo de secuestro en todo Latinoamérica y se ha convertido en líder mundial en secuestro exprés. Esta cruda realidad muestra que a pesar de todos los recursos invertidos por el Estado, el secuestro no sólo se mantiene en niveles inaceptables sino que también impacta a todos los sectores sociales, sin distinción.

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Desde que inició la gestión del actual gobierno, la propuesta de crear la Gendarmería Nacional ha tenido sus claroscuros, cuando en realidad se trata de un proyecto estratégico para el actual gobierno, el cual desde mi perspectiva puede ser la mejor opción para lograr un regreso bien programado y gradual de las fuerzas armadas a sus cuarteles.

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Después de año y medio de haberse aprobado las reformas en materia de geolocalización, los ciudadanos contamos con muy poca información sobre la eficacia de estas reformas en términos de rescate y atención de víctimas de secuestro, aprehensión de delincuentes o desarticulación de bandas delictivas.

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Si nuestro sistema de justicia contara con un Código Único evitaríamos la balcanización de la Reforma Penal. De lo contrario estamos alentando la impunidad y con ello la burla de los delincuentes y el aumento de la desconfianza ciudadana.

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No basta con destinar más recursos, aprobar leyes o firmar tratados de cooperación con otros países; tenemos que concentrarnos en profesionalizar y dignificar el primer eslabón del sistema de procuración e impartición de justicia: los cuerpos policiales.

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La estrategia de invertir todo el capital político del Presidente y sus aliados para sacar adelante las reformas estructurales, contribuyó a que los temas de seguridad y justicia pasaran a un segundo plano en la agenda pública

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A diferencia de otros capítulos de la historia del Distrito Federal, donde la ciudadanía se ha manifestado libremente para defender sus derechos y exigir a las autoridades el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades, hoy este derecho es utilizado como estrategia política de grupos sociales bien organizados, que responden a una lógica clientelar y corporativa totalmente indiferente hacia las personas que vivimos en esta ciudad.

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Hoy están en las manos de los legisladores tres instrumentos jurídicos que, de hacerse bien, serán parteaguas y esperanza de que la seguridad y la justicia están cambiando en México: la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y el Código Único de Procedimientos Penales.

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