Soy un convencido de que nuestra sociedad cuenta con ciudadanos y organizaciones comprometidas en la lucha por transformar pacíficamente esta realidad que no deja satisfecho a nadie, sin necesidad de embarcarnos en aventuras que, haciendo uso de la violencia sin sentido, se empeñan en transitar a estadios que no garantizan la solución de nuestros problemas y sí contribuyen a profundizar los enconos heredados del pasado.

Los pasados 4 y 5 de noviembre, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia (MSJ) celebrado en Ciudad Juárez -que congregó a integrantes de las 15 mesas que operan en la República, y a representantes de más de 20 organizaciones de la sociedad civil y autoridades responsables de los sistemas de seguridad pública e impartición de justicia en esas entidades- nos dimos a la tarea de emprender una profunda reflexión sobre la situación que priva en el país, a fin de encontrar alternativas de solución que nos permitan transformar la indignación en una fuerza positiva que impulse un cambio profundo y duradero en México.

Es así que a partir de la exitosa experiencia que ha tenido la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez en revertir el deterioro social e institucional que provocó el crimen organizado en la localidad, y ante la coincidente consideración de que las problemáticas asociadas a la violencia y comisión de delitos de alto impacto y del fuero común guardan mucha similitud en las localidades y ciudades donde existen y operan las MSJ, se asumió el compromiso de:

Establecer un Acuerdo de Colaboración y Coordinación de las organizaciones que conforman las MSJ en la República Mexicana para constituirse en una RED de cooperación solidaria que contribuya a consolidar este modelo de trabajo; promover el trabajo de las MSJ en toda la República Mexicana y apoyar la creación de otras en los municipios, ciudades y estados que lo soliciten, y emitir un posicionamiento ante la emergencia nacional que propició la desaparición de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, haciendo evidente la agudización de la crisis de inseguridad que estamos viviendo durante los últimos meses.

En cumplimiento de nuestros resolutivos, el pasado miércoles 12 de noviembre emitimos el Manifiesto Ciudadano por la Seguridad y la Justicia, al que adjetivamos como Posicionamiento de Juárez, para refrendar la valía de nuestra experiencia y el compromiso que asumimos ante la realidad que nos vive.

En su expresión profunda, el Manifiesto Ciudadano constituye una exigente demanda a los tres Poderes de la Unión y a todas las fuerzas políticas del país para que emprendan acciones contundentes que nos permitan enfrentar y superar la crisis de inseguridad. Comparto con ustedes las cinco propuestas que dan forma al Manifiesto:

En primer lugar, consideramos fundamental y urgente la creación del Mando Único Estatal de policía, pues como lo vuelve a demostrar la tragedia de Iguala, el modelo de una policía por cada municipio ha quedado rebasado ante el poder corruptor del crimen organizado. De ahí que consideremos que con 32 responsables directos del Mando Único (uno por cada entidad federativa) se favorecerá la coordinación eficaz en la tarea policial, basada en los principios de orden, control y con un responsable visible.

Para hacer realidad el Mando Único Estatal se requiere, primordialmente, de una reforma constitucional, la aprobación inmediata de leyes secundarias y presupuestos específicos que le den plena viabilidad a una ambiciosa política de homologación salarial, programas de capacitación y formación profesional, protocolos de operación, equipamiento, servicios de financiamiento y desarrollo social para los policías y sus familias.

En segundo lugar, demandamos la aprobación e implementación, sin cortapisas, de las leyes pendientes que son consustanciales a la Reforma penal y correspondientes al sistema de seguridad pública aprobado en 2008: nueva Ley contra la Delincuencia Organizada, nueva Ley de Ejecución Penal, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, nueva Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, reformas a la Ley de Amparo, la armonización de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, entre otras. Mecanismos legales que son indispensables para fortalecer el Estado de derecho y dotar a las autoridades de herramientas que permitan cerrarle el paso a la corrupción e impunidad.

En tercer lugar, como un punto medular, demandamos que se unifiquen los criterios judiciales existentes para no privilegiar el derecho de un criminal cuando se afecta a la ciudadanía en su conjunto. Pues la sociedad está cansada de que la persistente corrupción de algunos jueces, magistrados, abogados, fiscales y policías haga posible que mediante estrategias “legaloides” se emitan juicios de amparo que ponen en libertad a criminales de alta peligrosidad o que se alarguen los juicios de manera absurda y por demás injusta. Lo que la sociedad clama es: no más víctimas sin justicia, no más inocentes en las cárceles y no más criminales en las calles.

En cuarto lugar, demandamos la realización de un compromiso transparente y sin ambigüedades entre los partidos políticos, para impedir que las campañas electorales, de todos los niveles, sean financiadas por la delincuencia organizada o para que se utilicen recursos de procedencia ilícita. México reclama transparencia y rendición de cuentas sobre la probidad de los candidatos a cargos de elección popular o que sean designados por las autoridades gubernamentales para ejercer cargos de responsabilidad administrativa, financiera o judicial.

En quinto lugar, demandamos que se cumpla, sin dilación, el compromiso para abatir la corrupción. Pues éste es un mal social que ha erosionado a las instituciones de la República y que socava la confianza ciudadana en la democracia. Consideramos que para lograr este propósito no se necesitan crear más fiscalías sino al contrario se requiere una comisión de notables comandada por el Presidente de la República para combatir a fondo este mal nacional.

En suma, el Manifiesto Ciudadano por la Seguridad y Justicia representa una propuesta y una demanda de un grupo de organizaciones de sociedad civil ante la dolorosa e inadmisible realidad que se vive en nuestro país. Al momento de escribir este comentario, lo han suscrito más de 70 organizaciones hermanas, convencidas de que sí es posible cambiar la realidad con acciones y propuestas concretas.

Como lo he expresado en otras ocasiones, soy un convencido de que nuestra sociedad cuenta con ciudadanos y organizaciones comprometidas en la lucha por transformar pacíficamente esta realidad que no deja satisfecho a nadie, sin necesidad de embarcarnos en aventuras que, haciendo uso de la violencia sin sentido, se empeñan en transitar a estadios que no garantizan la solución de nuestros problemas y sí contribuyen a profundizar los enconos heredados del pasado.

Quizá hoy al escribir este artículo siento que nos faltó en el manifiesto demandar de las autoridades no más concesiones y hacer que impere el Estado de Derecho en todos los ámbitos, incluso respetando el derecho a manifestarse de los ciudadanos, pero castigando el vandalismo y la violencia sin distingos de creencias ni edades. No más tolerancia que genere anarquía y violencia.

El debido respeto a los Derechos Humanos debe imperar, siempre y cuando no afecte los intereses de los humanos derechos.

Es hora de tendernos la mano como mexicanos y emprender ejercicios de deliberación que propongan alternativas de solución a todos y cada uno de los problemas que nos aquejan. Nuestra indignación debe ir acompañada de altas dosis de imaginación para evitar calamidades más grandes que las padecidas hasta ahora. ¡Ése es el tamaño del reto!

Por: Alejandro Martí

Fecha de Publicación: 19 de noviembre del 2014

Fuente: Animal Político