La comisión de acciones criminales y omisiones institucionales en los acontecimientos relacionados con la represión, asesinato de 6 personas y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre del año en curso, configuran una crisis de inseguridad, impunidad e incapacidad gubernamental para cumplir con el imperativo constitucional de brindar seguridad a la vida, los derechos y libertades de la ciudadanía, y garantizar el orden y la paz social en Guerrero y todo el país.

Pero, peor aún, en la comisión de los ominosos hechos confluyen factores asociados que ponen al descubierto la crisis de credibilidad y eficacia que involucra el actuar de los tres órdenes de gobierno y de las instituciones, todas, responsables de garantizar la seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal.

El 27 de noviembre pasado, a dos meses y un día de los condenables acontecimientos, el Jefe del Ejecutivo presentó un conjunto de diez iniciativas, denominadas Por un México en Paz con Justicia y Desarrollo, cuyo objetivo está encaminado a mejorar la impartición de justicia y fortalecer el Estado de Derecho. Iniciativas que si bien son de saludarse, las más de 70 organizaciones de la sociedad civil que el 5 de noviembre firmamos el Manifiesto Ciudadano por la Seguridad y Justicia, asumimos que no contribuyen a revertir el deterioro institucional que vivimos como nación ni marcan pautas puntuales para superar la crisis de eficacia y credibilidad que padece el Estado Mexicano; tal cual lo han hecho sentir numerosos sectores de nuestra sociedad, mediante las manifestaciones pacíficas que han realizado en demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes, el esclarecimiento puntual de los hechos, castigo a los culpables y acciones puntuales, precisas y verificables para que nunca más volvamos a ser víctimas de tan detestables acontecimientos.

Más aún, la coyuntura ofrece la oportunidad para advertir sobre la utilización de mecanismos similares a lo largo de la gestión de 4 gobiernos federales durante los últimos 16 años; quienes han implementado estrategias, acuerdos, cruzadas y diálogos por la seguridad y contra la violencia en el país, sin que hasta la fecha se hayan obtenido los resultados que todos esperamos. Resultados que no se cifran únicamente en la reducción de los índices e incidencias delictivas, sino en la imperiosa necesidad de erradicar de nuestra realidad el aberrante actuar de la delincuencia organizada; que con sus crímenes, prácticas y poder corruptor han marcado la historia del país y arrojado sombras de inmenso dolor a las personas, familias y comunidades que la han padecido.

Por esta razón, el colectivo de organizaciones que promovimos el Manifiesto Ciudadano por la Seguridad y Justicia, externamos nuestra preocupación porque en la iniciativa presidencial se omite presentar:

1. El establecimiento de medidas específicas, con tiempos calendarizados, para concluir con las investigaciones ministeriales que permita esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de 6 personas, entre ellos 3 normalistas.
2. Iniciativas administrativas y políticas para fincar responsabilidades jurídicas y penales contra las autoridades gubernamentales y funcionarios responsables de la seguridad (de los tres niveles de gobierno), que resulten involucrados en los hechos, ya sea por acción u omisión.
3. Iniciativas específicas para acabar con todo resquicio de impunidad; particularmente cuando en la comisión de faltas administrativas y/o la comisión de delitos, se vean involucradas tanto autoridades de elección popular como de designación administrativa.

1. Advertir que dentro del decálogo presentado se reproduzcan iniciativas que fueron presentadas durante las dos pasadas administraciones federales, tales como: la creación del Mando Único Policial, leyes contra la tortura y desaparición forzada, de transparencia y combate a la corrupción, cuando muchas de ellas fueron rechazadas por legisladores de los partidos políticos representados en el Congreso, incluido el del Presidente, quienes hoy manifiestan su disposición para darle viabilidad a la propuesta del Jefe del Ejecutivo con lo cual hacen patente su falta de ética pública y responsabilidad política para hacer posibles, en tiempo y forma, las soluciones que demandan los problemas que aquejan a la sociedad.
2. Que se haga caso omiso a la Reforma del Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública, que por mandato constitucional deberá entrar en vigor en todo el país en julio de 2016, porque quedan pendientes de aprobar en el Congreso 9 leyes, un Reglamento de Ley y el Código Penal Federal. Mecanismos todos ellos necesarios para consolidar la instauración del sistema de justicia penal acusatorio, que contribuirá a la lucha contra el crimen organizado y a consolidar el Estado Democrático de Derecho.