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Asimismo, hizo un llamado para que la sociedad y los poderes del Estado unan esfuerzos a favor de la vigencia del Estado de derecho, el combate a la corrupción, poner fin a la impunidad y que hechos como los ocurridos en Iguala no se vuelan a repetir. Sin establecer paralelismos simplificados, la coyuntura ofrece la oportunidad para advertir sobre la utilización de dicho mecanismo a lo largo de la gestión de 4 gobiernos federales durante los últimos 16 años: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; quienes han convocado a acuerdos, cruzadas y diálogos por la seguridad y contra la violencia en el país sin que hasta la fecha se hayan obtenido los resultados que todos esperamos. Resultados que no se cifran únicamente en la reducción de los índices e incidencias delictivas, sino en la imperiosa necesidad de erradicar este aberrante fenómeno que ha marcado la historia del país y arrojado sombras de inmenso dolor a las personas, familias y comunidades que la han padecido. Una constante, que se advierte en los llamados que han hecho los titulares del Ejecutivo a la sociedad civil y las fuerzas políticas, es que las propuestas a pactar frecuentemente obedecen a impulsos reactivos; es decir, en respuesta a manifestaciones o reclamos sociales y/o políticos puntuales frente acontecimientos delictivos de alto impacto que evidencian fallas, deficiencias y obsolescencias en el diseño institucional con que operan las instancias encargadas de la seguridad pública, de administración de justicia y del sistema penal. Por ejemplo: Ernesto Zedillo convocó El 26 de agosto de 1998, a una Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia, en respuesta a la marcha silenciosa contra la inseguridad a que convocó Josefina Ricaño después de que su hijo fue secuestrado y asesinado. La Cruzada consistía en integrar un registro completo de delincuentes y de servidores públicos corruptos, capacitación de los policías y dotar de mejor equipo a las corporaciones policiacas para combatir con mayor eficacia al crimen organizado y legislar para contar con leyes más severas para castigar a los delincuentes, para proteger a las víctimas, sancionar los delitos fiscales y financieros, construir un Sistema de Seguridad Pública y operarlo bajo un Programa Nacional en la materia que incluyera la integración de un registro de todos los miembros de los cuerpos de seguridad nacional. En tanto que en 2004, en respuesta a la llamada “Marcha Blanca”, que bajo el lema “Rescatemos a México” promovieron organizaciones de la sociedad civil para demandar mejoras a la seguridad pública, erradicación de los altos índices de secuestro, una reforma penal, la instrumentación de políticas para la prevención del delito, mejorar el sistema penitenciario y garantizar los derechos de las víctimas del delito, Vicente Fox instrumentó el Programa Emergente de Acciones para Enfrentar el Fenómeno Delictivo. Si bien dicha estrategia no utilizó la figura del pacto para su implementación, sí apeló al interés de la sociedad para destacar que su atención estaría centrada en dar respuesta a los fenómenos que le afectaban, particularmente en la atención al secuestro y el combate al narcomenudeo. A principios de agosto de 2008, ante la ola de secuestros de alto impacto y el creciente estado de inseguridad en varias ciudades del país, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y empresariales de varios estados, se convocó a la ciudadanía a realizar la Marcha de la Indignación para demandar alto a la violencia e impunidad que nos aquejaba. En respuesta a la iniciativa ciudadana y a convocatoria del Jefe del Ejecutivo, por intermediación del Secretario de Gobernación, días después se convocó a “los gobiernos estatales, municipales y actores de la sociedad” a suscribir un Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad”. Fue así que EL 21 DE AGOSTO DE ESE AÑO, EN EL MARCO DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE FIRMÓ EL ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD, cuyo objetivo era “consolidar la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todos, autoridades y sociedad, vinculándolos en un frente común contra la violencia y la criminalidad, para recuperar las condiciones de seguridad”. DICHO ACUERDO FUE SUSCRITO POR LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL Y ESTATAL, EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EL PODER JUDICIAL FEDERAL, REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRESIDENTES MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EMPRESARIALES, SINDICALES Y RELIGIOSAS. Tras de la firma del ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD, en los tres años subsecuentes se realizaron al menos dos rondas de dialogo entre académicos y organizaciones de la sociedad civil con el Poder Ejecutivo para realizar un diagnóstico sobre la inseguridad (agosto de 2010) y para escuchar las demandas y reclamos de los familiares de las víctimas de la llamada lucha contra el narcotráfico, que fueron encabezadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia, y tuvieron lugar en junio y octubre de 2011, bajo la demanda de que el Jefe del Ejecutivo realizara cambios a la estrategia de seguridad que se venía instrumentando; para demandar la legislación y aprobación de una Ley de Protección a Víctimas del Delito - que en 2012 sería aprobada como Ley General de Atención y Protección a las Víctimas- y para oponerse a la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que buscaba institucionalizar el uso del Ejército en las tareas de seguridad pública. Sin menoscabo de los logros alcanzados a partir de las iniciativas antes señaladas, es importante centrarnos en las características del ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD, firmado en 2008, pues bajo esta figura se aprobaron mecanismos de trascendental importancia, que en su formulación, reconocían, entre otras cosas:
Asimismo, dentro de sus premisas, reconocía, entre otras cosas, que:
A partir de lo cual se establecieron 75 compromisos, con plazos perentorios a cumplir, que iban de los dos hasta los14 meses, para: Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia; crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza; impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados; sujetar a evaluación permanente y de control de confianza a instituciones policiales y de procuración de justicia, Migración y centros de readaptación; establecer un sistema nacional de desarrollo policial; establecer un sistema nacional de desarrollo de ministerios públicos; apoyar a las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la sociedad; formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero; fortalecer la capacidad institucional del ministerio público federal; consolidar las redes de atención a víctimas de delito a nivel nacional; regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas; fortalecer con la participación de la sociedad civil el sistema de denuncia contra la corrupción y mala actuación de los servidores públicos; adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública para garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; fortalecer el Sistema Penitenciario, entre otros compromisos más. Sin embargo, y no obstante que se concretaron compromisos sustanciales, algunos de ellos no se han cumplido a cabalidad y muchos otros sólo han obtenido resultados parciales; por ejemplo: La depuración de los cuerpos policiacos y la creación de un sistema de control de confianza que genere certidumbre ciudadana en los elementos de seguridad pública no tiene los avances requeridos; se ha realizado un trabajo opaco en la construcción del llamado Sistema Nacional de Desarrollo de los Ministerios Públicos; se han obtenido resultados importantes pero parciales en las unidades estatales para el combate al secuestro; la eficacia del Ministerio Público está por debajo de lo esperado; la construcción del Sistema de Denuncias contra la Corrupción no se ha concretado; la aprobación de la Ley de sanciones penales está pendiente de ser aprobada y se ha postergado el fortalecimiento del Sistema Penitenciario, por mencionar sólo unos cuantos de los puntos comprometidos. EL NUEVO ACUERDO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Después de los hechos ocurridos en Iguala, a inicios del mes de noviembre los partidos políticos hicieron público su interés por promover, nuevamente, un Acuerdo Nacional por la seguridad, olvidando, pese a que entre los signatarios del compromiso de 2008, se encuentran personajes que actualmente ocupan altos cargos públicos y de elección popular, que el ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD fue formulado para tener una vigencia de largo alcance que trasciende la temporalidad del encargo de quienes lo suscribieron. Es decir, que aún se encuentra vigente y que la propuesta de implementación se sustenta sobre las bases de la iniciativa acordada en 2008, tales como: APROBAR UN ACUERDO DE LARGO PLAZO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL PAÍS. (Postura asumida por las dirigencias del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática). CERRAR EL PASO A LA IMPUNIDAD EN EL SISTEMA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y MANTENER LA UNIDAD PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO. (Postura asumida por las dirigencias del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática). REALIZAR UN DIÁLOGO, CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS Y CIVILES, PARA REALIZAR CAMBIOS DE FONDO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD. (Propuesta realizada por el Presidente de la República). IMPULSAR UN ACUERDO NACIONAL PARA CONSTRUIR UNA POLÍTICA DE ESTADO, CON VISIÓN DE LARGO PLAZO, A FIN DE RECUPERAR LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DE LOS MEXICANOS. (Propuesta realizada por el Presidente del Partido Acción Nacional). DAR UNA RESPUESTA (a la crisis de inseguridad) CON LA INTERVENCIÓN DE TODAS LAS INSTITUCIONES, LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD MEXICANA. (Propuesta realizada por el Partido de la Revolución Democrática). EMPRENDER UN ESFUERZO CONJUNTO QUE LLEVE A MÉXICO A CONSOLIDAR EL IMPERIO DE LA LEY Y EVITAR LA IMPUNIDAD. (Propuesta realizada por el Partido Revolucionario Institucional). SIGNIFICADOS POLÍTICOS En sus significados políticos, y como se anticipa en líneas anteriores, la convocatoria a signar un pacto nacional contra la violencia e inseguridad, sigue la línea de las políticas públicas pactistas, IMPROVISADAS, reactivas y coyunturales, iniciadas en 1988 con el gobierno de Miguel de la Madrid, en materia de desarrollo económico, y reeditadas a partir del gobierno de Ernesto Zedillo para enfrentar situaciones de crisis en materia de seguridad pública y como respuesta a demandas masivas realizadas por organizaciones de la sociedad civil y personalidades públicas. No obstante, la situación actual está precedida de acontecimiento criminales que han arrojado un número superlativo de víctimas mortales propiciadas por la violencia criminal -a las que se suman las producidas por los hechos de Ayotzinapa y Tlatlaya-, evidenciando una crisis estructural de gobernabilidad, acentuada en la pérdida de confianza y credibilidad en nuestras instituciones responsables de la seguridad pública (en el ámbito municipal, estatal y federal) quienes no han demostrado capacidad para controlar las incursiones de las organizaciones delictivas ni la comisión de delitos (del fuero común y federal) en las regiones que tienen bajo su resguardo. Situación que ha permeado y afectado a los tres órdenes de gobierno dentro de al menos las 10 entidades del país que registran los mayores índices delictivos y de violencia criminal, propiciando una pérdida de credibilidad acelerada que, en el actual contexto, hacen suponer un agotamiento y deterioro institucional que no será subsanado con la firma de un nuevo pacto o acuerdo nacional contra la inseguridad y violencia criminal, debido a que, según datos difundidos por algunos medios de comunicación y analistas internacionales como Edgardo Buscaglia, en 80% de los municipios del país se registra presencia de organizaciones del narco, a que existe filtración del narco en la vida política, a que la delincuencia organizada ha tomado el control de muchos municipios, corporaciones de policía municipal y entrado en complicidad con autoridades locales en un número incuantificable de entidades, extendiendo sus vínculos e influencia a todos los ámbitos de la vida social de manera impune. De manera tal que la propuesta de reeditar la firma de un acuerdo nacional por la seguridad suena redundante, insuficiente y falaz, pues entre los convocantes se encuentran los responsables de velar por el correcto y eficaz funcionamiento de nuestras instituciones, a fin de garantizar la protección de la integridad de todos los mexicanos, la vigencia de los derechos humanos, el acceso expedito a la justicia y evitar los abusos de autoridad y gobierno en contra de la ciudadanía. En suma, se puede señalar que el episodio de las desapariciones forzadas, “reeditado” en Iguala, ha puesto en crisis a todo el sistema de partidos políticos, reconocidos y beneficiarios del erario; quienes deberán dar cuenta pública de su responsabilidad institucional frente a los crímenes cometidos e involucramiento con organizaciones delictivas de los representantes populares electos bajo sus siglas, en primer lugar. No obstante, el país enfrenta también conductas y procederes institucionales que denotan una crisis del aparato estatal que cuestionan las reformas constitucionales aprobadas, justamente, en 2008 para transformar los sistemas de justicia penal, de seguridad pública y fortalecer el Estado de derecho mediante un sistema de procuración e impartición de justicia penal eficiente, confiable y transparente, antes del 8 de junio de 2016. Sin embargo, a pesar de que se han invertido importantes recursos humanos y financieros en esta reforma, las respuestas, propuestas y el proceder de las instituciones y del propio Ejecutivo federal no denota, ante los hechos y actuales circunstancias de emergencia nacional, la voluntad e interés de asumirla y fortalecerla como una política de Estado para resolver, de fondo, la crisis de inseguridad y violencia criminal que nos envuelve. La respuesta de los partidos políticos, de las instituciones responsables de administrar e impartir justicia y del propio Jefe del Ejecutivo, parecen olvidar que la consolidación del Estado de derecho no puede realizarse mediante decreto, a través de un acto de voluntad reactivo; sino que el sustento de un Estado democrático de derecho se realiza mediante la implementación de una serie de garantías y procedimientos construidos, preservados y fortalecidos por medio de instituciones bien diseñadas y dotadas de operadores capaces y responsables, sean estos Magistrados, Procuradores, Ministerios Públicos, Jueces, Fiscales, Defensores de Oficio, Coordinadores de Seguridad Pública, Jefes de Policía, policías ministeriales, de proximidad, etcétera. POSICIONAMIENTO Sin lugar a dudas, la superación de la crisis de inseguridad y credibilidad gubernamental que envuelve al país a partir de los acontecimientos que se suscitaron en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre, pasan por la reconstrucción de la autoridad, credibilidad, representatividad y legitimidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la clase política toda. Una solución que se puede implementar para restaurar la gobernabilidad democrática y fortalecer el Estado de derecho, a fin de que los hechos condenados no se vuelan a repetir pero, también, para emprender de manera firme y sin cortapisas la solución del fenómeno delictivo y la reconstrucción del tejido y la paz social en México, inicia con la continuación de las investigaciones ministeriales pero acompañadas de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, acreditados y confiables, que otorguen garantías de seriedad, imparcialidad y capacidad probada en la atención a casos de esta naturaleza; a fin de otorgar a los padres de las víctimas y a la sociedad toda: garantías de que se irá a fondo en solución del problema (sean cuales sean los resultados que se obtengan) y que clarifique puntualmente qué fue lo que ocurrió y permitió se suscitaran los hechos ocurridos en Iguala. Investigar a todas las autoridades locales y federales que pudieran estar implicadas en la represión, por acción u omisión, y por evadir la responsabilidad de denunciar la situación de violencia, presencia de grupos delictivos y de sembradíos de droga en la entidad. Demandar que el Secretario de Gobernación explique e informe al Congreso y la opinión pública porqué al contar con información sensible sobre la situación de violencia y criminalidad en Guerrero, desde 2013, de los reportes del CISEN sobre los vínculos del Presidente municipal de Iguala con el crimen organizado y de las fosas clandestinas encontradas, en abril y mayo del presente año, en las inmediaciones de Iguala, no actuó en consecuencia bajo un programa preventivo para combatir y disuadir la actividad criminal de los cárteles asentados en la zona. Que la PGR explique la desatención a las denuncias sobre la participación directa de Abarca en crímenes políticos en Iguala y, sobretodo, su opaca participación en la lucha contra el crimen organizada y en el fortalecimiento jurídico y legal del país. Iniciar una investigación sobre los actos de vandalismos cometido en contra de las instalaciones del Congreso local, de saqueos a tiendas comerciales y bloqueos a carreteras por grupos sociales y políticos de la entidad, con el propósito de fincar responsabilidades penales a los inculpados e impedir que se reproduzcan actos de impunidad al amparo de protestas sociales, pues de permitirlos se estaría contribuyendo a alentar el estado de ingobernabilidad que afecta la vida institucional en el estado. Con el propósito de prevenir la corrupción y crear condiciones para el ejercicio de un buen gobierno, promover, desde las organizaciones de la sociedad civil, académicos y personalidades públicas con representación social, la generación de unaagenda pública, cuyos acuerdos sean legislados para darles carácter de obligatoriedad y cumplimiento en plazos perentorios, a fin de garantizar que los candidatos propuestos por los partidos políticos sean personas libres de antecedentes y vínculos que pongan en duda su honorabilidad para ocupar un cargo de elección popular. Promover, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y personalidades públicas con representación social, la legislación de una ley específica que obligue a toda persona que detente un cargo público, obtenido por elección popular o designación política, en los tres órdenes de gobierno, a asumir una actuación pública transparente y a ser auditados regularmente en su patrimonio. Promover, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y personalidades públicas con representación social, la legislación de una reforma a la ley que regula el régimen de financiamiento a los partidos políticos para impedir que recurran a la utilización de recursos de procedencia ilícita y que sean sometidos a rigurosas auditorías y sanciones durante las precampañas y campañas políticas. |
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