Fuente: El Universal

Este mes se cumplen cuatro años del Pacto Nacional por la Seguridad en el que, frente a los representantes de todos los poderes de la República, Alejandro Martí les dijo: “Si no pueden, renuncien”. A partir de aquel 21 de agosto de 2008 muchas cosas han cambiado, pero otras se han movido lentamente o se han quedado estáticas, demostrando así que todavía hay negligencias y omisiones en un tema crucial para el país.

La creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública es uno de los logros derivados de la conmoción e indignación de la sociedad frente a casos emblemáticos de delitos de alto impacto. El Consejo y el Sistema Nacional —que integra a Federación, estados, Distrito Federal y municipios— han conseguido formar directrices para la coordinación en el combate al crimen.

Ayer fue la última reunión del Consejo presidida por el presidente Felipe Calderón, quien deja el cargo el 1 de diciembre. El evento, por tanto, sirve para hacer un corte de caja de los resultados en la materia no sólo por parte del gobierno federal, sino de todos los funcionarios, legisladores y jueces que estuvieron presentes —y firmaron compromisos— en el gran acuerdo de 2008.

Hoy, gracias a la certificación policial y al incremento presupuestal, el país cuenta con más y mejores elementos para el combate a la delincuencia. De hecho, en marzo pasado el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, recordó que apenas en 2010 no existía un solo centro de control de confianza en el país, mientras este año se tienen ya 22. Pese a ello, todavía no terminan los exámenes de control de confianza para todos los policías, ni siquiera a los mandos medios y superiores en el caso de los gobiernos estatales.

Es en el ámbito local donde mayores rezagos existen. Ayer mismo la procuradora Marisela Morales señaló que cinco entidades proporcionaron registros parciales en cuanto a número de averiguaciones previas y situación ministerial de dichos casos. El propio Alejandro Martí, en el aniversario anterior de los acuerdos por la seguridad, dijo que sólo cuatro de los 31 estados del país —el DF tiene ya ese esquema— estaban en proceso de creación del mando único policial, a pesar de que existía el convenio para implementarlo.

De cara al cuarto año del “si no pueden, renuncien” la ciudadanía habrá de exhibir a quienes no han cumplido con sus compromisos. Será la única forma de garantizar que sin importar el cambio de sexenio, las autoridades mantengan los avances y corrijan los rezagos.