Escorcia dice que lo obligaron a firmar una falsa declaración

Fuente: El Universal

Los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández negaron las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) que les atribuye nexos con grupos del crimen organizado.

Los militares comparecieron ayer ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México para rendir su declaración preparatoria, en una audiencia en la que los cuatro pidieron también la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, a fin de poder ofrecer pruebas que desvirtúen las acusaciones en su contra.

El general Ricardo Escorcia aseguró ante el juez que la declaración que supuestamente rindió ante el Ministerio Público (MP) es falsa y que fue obligado a estampar su firma en el documento.

Ante esa manifestación, se procedió a elaborar un nuevo testimonio en el que negó las acusaciones de la PGR, que lo acusó de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva y de brindarles protección.

Los otros tres inculpados, en su declaración, negaron también los cargos que los vinculan con la misma organización criminal, a partir del testimonio de testigos protegidos y otros militares sujetos a proceso, y aseguraron que nunca han pertenecido a grupo delincuencial alguno.

La diligencia se desarrolló a puerta cerrada en el área de prácticas judiciales del penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde permanecen los militares en prisión preventiva desde el martes pasado.

A partir de ahora, la defensa de los mandos militares que ingresaron al penal de máxima seguridad, en Almoloya, Estado de México, tendrán un plazo máximo de seis días para entregar las pruebas que desvirtúen las acusaciones de testigos protegidos.

En los próximos días se desarrollarán diligencias en las que el juez desahogará las pruebas que ofrezcan los militares a través de su defensor particular, después de lo cual definirá si les inicia proceso o les dicta auto de libertad.

La defensa de Ángeles anunció que ofrecerá las pruebas de descargo que la PGR se negó a admitir durante el tiempo que el mando castrense estuvo bajo arraigo, entre ellas, informes que lo ubican fuera de México en las fechas en que supuestamernte se reunió con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.

Los abogados del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, del general de División retirado Ricardo Escorcia Vargas; del general brigadier Roberto Dawe González y el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, finalmente tendrán acceso al expediente de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, en que se les imputa ser parte de una red de protección para permitir el tráfico de cocaína.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, representante legal del ex subsecretario, así como Fernando López Capella, defensor de Dawe González, aseguraron que la consignación de sus clientes lejos de afectar a los militares, les permitirá ahora refutar las acusaciones que formuló la PGR en su contra, pues insisten en que hay evidencias de que los cargos son infundados y sólo se fundamentan en las declaraciones de los testigos protegidos, sin ninguna otra prueba que acredite la veracidad de sus versiones.

En el caso del general de Brigada, Rubén Pérez Ramírez y del mayor Iván Reyna Muñoz, quienes ya estaban detenidos por otros delitos, no participaron en la misma audiencia judicial en la que ayer los otros cuatro mandos comparecieron ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Las acusaciones

En el expediente que integró la PGR desde 2010, la dependencia consideró clave la declaración del narcotraficante Sergio Villareal El Grande, quien, como testigo protegido bajo la clave “Mateo”, aseguró que en julio de 2008 se reunió con Ángeles Dauahare en el centro comercial Perisur para trasladarlo a una casa de seguridad en la que el general supuestamente se reunió con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien le entregó 5 millones de dólares.

Su defensa entregará copias de su pasaporte para demostrar que el general estaba en el extranjero cuando se realizó la supuesta reunión; además de que solicitó los videos de seguridad del centro comercial, pues hasta el 20 de julio pasado la PGR admitió estas evidencias.

En el caso del general Ricardo Escorcia, éste presuntamente aceptó en la SIEDO que en 2007 Ángeles Dauahare le pidió que el mayor Iván Reyna “le hiciera mandados”, que consistieron en reunirse con narcotraficantes.

Dawe González es señalado por el testigo “Jennifer” de haberse reunido con él en un restaurante del Bosque de Chapultepec, donde le ofreció 30 mil dólares de parte de Edgar Valdez Villarreal, aunque el militar los habría rechazado.

El mismo testigo protegido sostuvo que en 2007 el general Dawe lo recomendó con el general Rubén Pérez Ramírez —entonces comandante de la Guarnición Militar en Cancún— para que colaborara con la organización criminal.