Para atrás… ¡ni para tomar vuelo!: Sistema de Justicia Penal Acustorio

Por Orlando Camacho Nacenta*

A poco más de tres años de haber entrado en vigor, a nivel federal y nacional, persisten en la opinión pública las dudas sobre la efectividad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA); si éste es mejor o no respecto del sistema anterior.

Pero la realidad no es totalmente blanca o totalmente negra y, en este tipo de debates, con temas tan relevantes, es muy fácil confundir a los ciudadanos y cargar la balanza para un lado u otro, según convenga a los intereses de algunos grupos.

La transición de un modelo inquisitivo, opaco e inequitativo hacia un sistema abierto, transparente, acusatorio y adversarial no se puede dar de un día para otro, es más, debemos partir de la idea de que no es un proceso acabado de una vez y para siempre, forzosamente está en premanente actualización y mejora continua.

Dado lo anterior, afirmar su ineficacia es igualmente una falacia como decir que ya opera al 100 por ciento.

Las deficiencias del mismo obedecen al propio diseño institucional para la implementación de la Reforma y a motivos institucionales de origen local, entre los que se destacan la falta de voluntad política que en su momento tuvieron algunos gobernadores para darle cauce a la implementación, en tiempo y forma, así como a la falta de acompañamiento e inversión de recursos materiales y financieros por parte de algunos estados, que no de la Federación.

Esto es una verdad irrefutable, tanto que al finalizar la fecha constitucional para concluir con el proceso de implementación (18 de junio de 2016), se asumió oficialmente que el Sistema entraba en un proceso de consolidación, de fortalecimiento, antes que de plena funcionalidad.

La evidencia empírica de este proceso se encuentra consignada en estudios realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes durante el periodo señalado (2008-2019) han dado cuenta de que la implementación del SJPA fue zigzagueante o arrítmico; es decir, que nunca presentó, en los ocho años que duró la instalación en cada uno de los estados y a nivel federal, un desenvolvimiento homogéneo ni puntual.

En tanto que en los más de tres años que lleva de estar operando a nivel nacional, los efectos de esta asincronía hacen que las cosas no parezcan caminar sobre la ruta de un sólido fortalecimiento, que nos permita hablar de avances y proyecciones de mejora conjunta o sistémica en el corto plazo, tanto en lo normativo como en lo operacional. Por el contrario, el estado en que opera actualmente el SJPA, es el reflejo de algunos de los retrocesos y obsolescencias que padecemos. Los cuales, conviene señalar, son causados más por deficiencias operativas que por problemáticas jurídicas.

Así lo consigna la sexta edición del informe Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, publicado por la organización México Evalúa hace unos días, al señalar que: A pesar de los diversos esfuerzos hacia la consolidación, siguen existiendo rezagos en la operación del sistema. El impacto de una falta de coordinación y articulación de políticas entre instancias ha derivado en esfuerzos aislados y resultados incipientes.

Dando cuenta en sus páginas, conforme a una sólida metodología de seguimiento y evaluación que se ha consolidado a lo largo de los seis años en que se ha replicado el ejercicio, que ninguno de los estados de la Repúbllca logró cumplir con los estándares mínimos establecidos por el estudio en cuestión.

Si bien es cierto que dentro del ranking establecido por el mismo estudio sobresalen los estados de Querétaro con 625 puntos (quien por segundo año consecutivo se mantiene en primer lugar), Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Yucatán y Nuevo León, ninguno de ellos alcanza el puntaje mínimo establecido, que es de 800 puntos en una escala del 0 al 1000.

En tanto que entre los estados peor evaluados se destacan Guerrero, con 211 puntos (quien por segundo año repite como la entidad peor evaluada), Nayarit y Quintana Roo; dando cuenta con ello de las brechas existentes entre entidades y de los rezagos que persisten a nivel nacional en la búsqueda de consolidar y hacer más eficiente la operación de nuestro sistema de justicia penal.

Es decir, que las limitaciones del Sistema, sus fallas, errores y la negligencia en que han incurrido algunos de los actores responsables de su implementación y consolidación están plenamente identificadas y, a juicio de muchos especialistas, operadores y organizaciones que han realizado ejercicios evaluativos, son atendibles y reversibles. Razón por la que resulta exagerada la afirmación de que el SJPA ha fracasado y que las fallas en su operación han abierto las puertas de las cárceles a los delincuentes y desencadenado el incremento de la violencia e inseguridad criminal en el país.

Como prueba de lo contrario, a mediados de 2018, la organización World Justice Proyect, apartado México, daba cuenta en su informe La nueva justicia penal en México: Avances palpables y retos persistentes, que los casos que se procesan bajo el SJPA se resuelven, en promedio, cuatro meses más rápido que bajo el anterior sistema. Circunstancia que, sin duda alguna, beneficia a las víctimas, a los imputados y libera recursos para que puedan ser utilizados en la atención procesal de los casos más complicados.

Asimismo, informa que disminuyeron sensiblemente las confesiones bajo presión; que 61% de los procesados considera que la sentencia que se le dictó fue clara; que 70% de los detenidos admitió que el juez estuvo presente durante su juicio; dato que, de acuerdo con esta organización hermana, contrasta con el 24% de los procesados que en sus anteriores ejercicios señalaba que los jueces estaban presentes durante sus juicios.

Por otra parte, las personas privadas de la libertad que fueron entrevistadas, señalaron que los procesos han acortado el tiempo en que se emiten las sentencias y dan ejemplos: un proceso de homicidio se redujo de 16 meses que duraba en el viejo sistema inquisitivo a 12 con el SJPA; en tanto que casos de secuestro se procesaron en 18 meses, cuando lo común era que tardaran 22 meses y, en algunos casos emblemáticos, algunos años más; en tanto que los casos de robo común se redujeron de 8 a 7 meses en promedio.

A lo anterior habremos de sumar los resultados que en este rubro nos revela el Informe Hallazgos 2018, quien da cuenta que el promedio de duración de las audiencias a nivel nacional en los dos últimos años se ha reducido gradualmente; del incremento de personal, estimado en 20.3%, que registró en 2018 el Instituto Federal de la Defensoría Pública, lo que significó que el 13.5% de las personas imputadas y representadas por un defensor obtuvieran una sentencia y que de éstas, el 63.7% de los casos fuera condenatoria; del avance en las capacidades de investigación criminal que distinguen a los estados de Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, en la coordinación y comunicación interinstitucional de algunos estados y la creación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, adscrita a la Secretaría de Gobernación.

Con los datos antes señalados, se corroboran las luces y sombras, los avances y estancamientos que han caracterizado al proceso de implementación y operación del SJPA a lo largo de 11 años. Circunstancias que representan retos a superar en el corto plazo.

De ellos, México Evalúa señala cinco aspectos, dentro de los que se destacan: la necesidad de crear una instancia para la coordinación nacional de las instituciones de seguridad y justicia, bajo objetivos, estrategias y responsabilidades definidas por dichas instituciones, para atender de diferentes formas y por medio de acciones específicas al fenómeno criminal; redefinir las competencias federales y locales a fin de reforzar las capacidades de la investigación criminal en el ámbito local; el desarrollo de políticas de priorización penal que determinen de forma estratégica, bajo mecanismos y criterios específicos y consistentes, la focalización de recursos para el combate de los delitos y fortalecer las capacidades de investigación con que cuentan las policías, a fin de tender hacia su profesionalización, e invertir en el desarrollo de perfiles específicos para la investigación de los delitos.

Pero sobre todo, destaca el llamado a consolidar las capacidades de las instituciones que integran al Sistema, a fin de evitar las tentaciones regresivas que buscan desvirtuar los principios que le dan sustento.

Por parte de México SOS hemos insistido en la necesidad de generar las estrategias integrales para consolidar el SJPA, a través de la Agenda México 18.24/Seguridad y Justicia, se propone diseñar un nuevo modelo de procuración de justicia que implique una nueva arquitectura institucional de procuradurías/fiscalías acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que lo haga operable y que sea capaz de replicarse en las 33 procuradurías y/o fiscalías de los dos órdenes de gobierno; iniciar un proceso de reordenación del derecho penal, revisar la legislación penal nacional, colocar parámetros para dar uniformidad a la legislación penal sustantiva, elaborar un Código Penal Único y colocar reglas rígidas para sus eventuales reformas; crear indicadores que permitan realizar mediciones y evaluaciones periódicas, para la toma de decisiones y ejecución de acciones eficaces para su mejora continua; fortalecer el uso de tecnologías para propiciar un adecuado funcionamiento del SJPA; fortalecer las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS); consolidar las Unidades de Asesoría Jurídica y Representación Legal a Víctimas; pero particularmente lograr una coordinación eficaz entre todas las instancias involucradas en la cadena de justicia; considerando que se trata de un SISTEMA, su operación depende del funcionamiento entre los engranes (instituciones), cada pieza debe coordinarse perfectamente con las demás para poder lograr los resultados esperados, la sienergia con la que operen (considerando la autonomia institucional), es crucial para su éxito.

Sin duda el SJPA ha comprobado ser más eficiente que el que le antecedió pero, sobre todo, porque está encaminado a mejorar la procuración de justicia en el país, con el fin de brindar mayores garantías de protección tanto a las víctimas como a los imputados. Nada más, pero nada menos.

* Director General, México SOS

Publicado en Animal Político