La semana pasada, durante su más reciente gira europea, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “sin duda, los niveles de violencia que se están registrando (en México) están disminuyendo”.

Fuente: El Universal

La afirmación sería correcta si hubiese sido pronunciada hace un año. Los niveles de violencia estuvieron disminuyendo durante la primera fase de la administración Peña Nieto. Ya no es el caso.

El promedio diario de homicidios dolosos en los primeros cuatro meses de 2015 fue 6% superior al del último cuatrimestre de 2014. Al ritmo actual, este año va a ser el primero desde 2011 con un incremento en el número de homicidios.

No son tiempos para las palmaditas autocelebratorias. Tras el proceso electoral, es urgente retomar la discusión sobre las reformas institucionales en el sistema de seguridad y justicia.

La reforma policial debe tener un lugar de privilegio en esa agenda. Para nadie es novedad que las policías mexicanas son, salvo excepciones, zona de desastre. Son instituciones mal financiadas, mal controladas, poco respetadas y vulnerables a la corrupción y la intimidación.

El gobierno hizo propio ese diagnóstico en la iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso en diciembre pasado. Pero su propuesta era al mismo tiempo mala política pública y mala política a secas.

Mucho se ha escrito sobre las deficiencias técnicas de la iniciativa (mi crítica a la propuesta puede leerse aquí: http://ow.ly/OlFyo y http://ow.ly/OlFLD). Menos se ha comentado sobre las deficiencias políticas: los alcaldes, particularmente los de municipios medianos y grandes gobernados por partidos de oposición, no iban a aceptar una propuesta que al mismo tiempo les quitaba su policía y les obligaba a pagar un monto indeterminado a los gobiernos estatales por seguridad pública. Y con alcaldes en contra, es casi imposible obtener entre la oposición los números para una reforma constitucional.

La propuesta del gobierno, tal como fue enviada, está muerta. Pero el problema subsiste y es indispensable construir una alternativa. ¿De qué tipo? La respuesta no cabe en una columna, pero van algunas ideas generales:

1.— El problema no es el número de corporaciones, sino su calidad: la reforma debe establecer mínimos para que una policía sea considerada policía.

2.— No todas las corporaciones municipales deben desaparecer. No todas las policías estatales deben permanecer. La reforma debe establecer un proceso que permita distinguir las buenas de las malas corporaciones, sin importar el nivel de gobierno.

3.— No todas las policías son para todo. Hay corporaciones que pueden resultar útiles para mantener el orden público, pero no para perseguir a la delincuencia organizada. Y viceversa. Se debe reconocer esa diversidad de funciones.

4.— La acreditación individual de los policías es buena. La certificación institucional de las policías es mejor. De nada sirve ubicar a un policía honesto en una institución contrahecha. Hay que apostar a cambiar los procesos más que el personal.

5.— La certificación institucional tiene que tener dientes. Por eso, debe de ser facultad de un órgano con suficientes facultades legales e independencia para aplicar medidas severas (incluyendo la desaparición de un cuerpo policial).

6.— La seguridad cuesta. Ninguna reforma será viable si no va acompañada de un mecanismo presupuestal explícito que equilibre costos entre diferentes niveles de gobierno.

Estas no son ideas acabadas. Hay mucho por definir, mucho por detallar. Pero el punto es que, ante la muerte de la propuesta oficial, no tenemos que conformarnos con el statu quo. Hay alternativas. Es hora urgente de explorarlas.

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/06/76928.php

@mexicosos