Denise Dresser habla sobre las desapariciones que ha habido en el país y sus repercusiones políticas y sociales

09 Feb. 2015

País de fosas. País de calcinados. País de fragmentos de hueso. País de 23 mil 270 desaparecidos. Años de cuerpos sin nombre, semanas de cuerpos sin nombre, días de cuerpos sin nombre. Nuestras constantes ausencias que resonaban poco hasta Ayotzinapa. Un caso singular pero a la vez similar a los miles con los cuales México vive desde el inicio de la "guerra contra la drogas". Singular porque el gobierno se vio obligado a responder; similar porque no lo ha logrado hacer bien. Por ello la sospecha y la conversión -en la opinión pública- de la "verdad histórica" en una táctica gubernamental destinada a cerrar el caso, darle vuelta a la página, superar la calcinación de los hijos, olvidar a los muertos.

Imposible hacerlo ante las preguntas sin respuesta. Imposible "superar" por la falta de certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Por las declaraciones inconsistentes de los involucrados, muchos de ellos torturados. Porque a cuatro meses del incidente, el Estado mexicano no ha logrado detener a todos los supuestos responsables. Porque el gobierno se rehusaba a reconocer lo ocurrido como desaparición forzosa. Porque no se ha indagado la actuación del Ejército esa noche fatal. Porque no ha empezado la atribución de responsabilidades por el contexto de corrupción política en Guerrero que hizo posible lo que pasó. Y porque el Equipo Argentino de Antropología Forense se deslinda de los resultados presentados por la PGR y evidencia sus fallas.

A pesar de las especificidades del caso, Ayotzinapa revela un patrón. Ayotzinapa ya ocurrió y sigue ocurriendo para miles de familias en busca de un hijo perdido, una hija secuestrada, un padre que nadie encuentra. He allí el patrón perverso de desapariciones forzosas que nadie investiga, de autoridades federales y estatales que no inician investigaciones criminales, que no proveen justicia, que no ofrecen reparaciones a los familiares. El patrón perverso de la impunidad que genera incentivos para más raptos y más personas en riesgo. El patrón perverso derivado de la falta de mecanismos, protocolos y recursos para lidiar con un problema que ya no podemos ignorar. Documentado por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por el Centro Prodh. Por tantos organismos más. Una historia de deudas y dudas, de criminales y cómplices, de corazones destrozados y muertos en vida, de gobiernos omisos y fosas descubiertas día tras día.

Una historia con nombres como los de Sergio Cárdenas y José Flores y Agustín Núñez Magaña y José Diego Cordero Andiano y Juan Diego Cordero Valdivia. Una historia de personas que salieron a trabajar y nadie volvió a saber más de ellos. Una historia de rostros, nombres, culpables, complicidades. 12 mil 930 historias con Felipe Calderón, 9 mil 384 hasta la fecha con Peña Nieto como lo detallan José Merino, Eduardo Fierro y Jessica Zarkin en su texto "Desaparecidos". En Tamaulipas. En Chihuahua. En Sonora. En Baja California. En Guerrero. Una pérdida principalmente de jóvenes. Una sangría semanal.

Sangría que al Estado no parece quitarle el sueño. Como señala el informe de 4 ONG especializadas en la materia -incluyendo la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos- las investigaciones por desaparición forzada no se inician inmediatamente ni de manera oficiosa. Frecuentemente se dejan pasar momentos decisivos para el esclarecimiento de los hechos. Las respuestas institucionales son insuficientes, irrelevantes, incapaces de lidiar con un fenómeno cada vez más escandaloso. Y la intervención repleta de platitudes pero parca en respuestas del embajador Gómez Robledo en Ginebra lo constató. El Estado mexicano simula. Incumple. Compra tiempo. Evade. Posterga. Mientras más mexicanos desaparecen y más madres los buscan desesperadamente.

Y de allí el imperativo de cambios urgentes como que el registro de detenciones sea una obligación generalizada. La capacitación y formación en materia de desaparición dirigida a policías y miembros del Ejército. La protección indispensable a defensores de derechos humanos que arriesgan su vida diciendo la verdad. La separación inmediata de su cargo y procesamiento de potencialmente involucrados, muchos de los cuales hoy están prófugos. Tanto más por hacer, reformar, exigir. Para que Ayotzinapa no sea sólo una nota de pie de página sino un punto de inflexión. Para combatir la indiferencia social y gubernamental ante las desapariciones forzadas. Para no ignorar los 43 nombres de Ayotzinapa. Para no ignorar los 23 mil 270 nombres más en el resto del país.

Fuente: Reforma

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=55918