Centros penitenciarios con autogobierno

De acuerdo con datos del World Prision Brief correspondientes a 2016, México ocupa dame el sexto lugar en el ranking mundial de poblaciones penitenciarias, después de los Estados Unidos (2 millones 145 mil 100 internos) China (1 millón 649 mil 804 internos), Brasil (659 mil 20 internos) Rusia (623 mil 642 internos) , India (419 mil 623 internos) y Tailandia (286 mil 861 internos).

No obstante que en enero de 2017 el OADPRS, a través de su Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, reportó una disminución del 7.12% de la población penitenciaria, la sobrepoblación relativa actual representa aún el 2.20% (4 mil 687 internos); problema que se extiende a 138 centros penitenciarios, que representan 36.8% del total.

Importa destacar que, del total de la población penitenciaria, cifrada en 212 mil 144 internos a enero de 2017, el 38.14% (82 mil 706 internos) se encuentra en prisión preventiva o prisión sin condena, poniendo en evidencia dos de los más recurrentes problemas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano: la sobrepoblación y el uso desproporcionado de la prisión preventiva.

Dichos factores, que influyen en el deterioro de las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, que en muchos casos se vuelven indignas e inhumanas, reducen las posibilidades de aplicar exitosamente mecanismos de readaptación y reinserción social entre los internos, que es el objetivo fundamental del sistema penitenciario nacional, conforme a lo establecido en el artículo 18 constitucional.

A lo anterior, se suma la insuficiencia de personal de vigilancia y custodia que aqueja a los centros penitenciarios; la falta de condiciones laborales mínimas y salarios dignos que padece dicho personal; la falta de capacitación y escaza profesionalización que acusan; la carencia de recursos materiales y técnicos que enfrentan para mantener el orden dentro de los centros penitenciarios y el control de los internos, así como la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender de manera puntual y estructural las problemáticas detectas, generan el caldo de cultivo de donde emerge la corrupción y violencia que obliga a las autoridades penitenciarias a ceder, por acción u omisión, parte de sus facultades a determinados internos a cambio de mantener un cierto grado de “estabilidad”, que propicia la aparición de autogobiernos.

Más aun, de acuerdo con diversas investigaciones, nacionales y extranjeras, se ha podido constatar que el problema de hacinamiento y las malas condiciones de vida penitenciaria no sólo dificultan y/o hacen imposible mantener el control dentro de los centros de reclusión, sino que en muchos casos, esas mismas condiciones contribuyen al fortalecimiento intramuros de los grupos criminales, haciendo posible que emerja su hegemonía carcelaria y se constituyan redes de control intercarcelario.

Situación a la que contribuyen, innegablemente, los maltratos y abusos de poder, vía la extorsión y el maltrato físico, que ejercen los guardias y custodios de las prisiones con los internos, así como los policías y los miembros del ejército, quienes también suelen participar en redes de corrupción que posibilitan la generación de más criminalidad.

Por esta razón, se ha señalado que los centros de reclusión no sólo se han convertido en escuelas del crimen sino, además, en incubadoras de la actividad criminal. Es decir, lugares donde los delincuentes con experiencia van a perfeccionar sus habilidades para cometer ilícitos y espacios donde los grupos criminales se organizan, entrenan a sus miembros, reclutan y planifican más crímenes.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2015, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la proliferación de autogobiernos afectaba, en aquel entonces, a 71 centros penitenciarios de los 130 que conformaron la muestra.

Conforme a una distribución regional de las cárceles, a partir de los datos del DNSP 2015, tenemos la distribución de los centros penitenciarios con autogobierno y, a partir de datos del Atlas de Seguridad y Defensa de México 2016, la presencia de los grupos de la delincuencia organizada y sus células criminales, por estado, quienes, hipotéticamente, podrían estar involucrados en el control de las cárceles.

Regionalización de centros penitenciarios con autogobierno