5 de octubre de 2015

Los acontecimientos que se suscitaron entre abril y septiembre del presente año en el país centroamericano, después de que una investigación ministerial realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) diera a conocer la existencia de una red de evasión fiscal (“La Línea”) que contaba con la participación de altos funcionarios de gobierno y era dirigida por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti; dieron inicio a varios procesos jurídicos que culminaron, primero, con la destitución y encarcelamiento de la mandataria y meses después, a consecuencia del papel y autonomía con que se desempeñó la Comisión -que opera bajo mandato de la ONU como coadyuvante del Ministerio Público- y la intensa movilización de la sociedad civil, con la dimisión, retiro del fuero constitucional, enjuiciamiento y encarcelamiento del mismo Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina. Despertando la admiración de la opinión pública internacional y sentado un precedente regional sobre la forma de combatir y ponerle cerco a la ola de corrupción e impunidad gubernamental que hoy día aqueja a varios países en América Latina, incluido México.

Las intensas y difundidas jornadas de lucha cívica pacífica que desplegaron los guatemaltecos en demanda de justicia y el ejemplar desempeño de su aparato judicial para someter a proceso a sus más altos mandatarios, despertaron la admiración de un amplio sector de la población mexicana y dieron origen a un clamor público que celebra el curso de los acontecimientos en el país vecino, interrogándose la vez, con una mezcla de asombro y desencanto, ¿qué tiene Guatemala que le falta a México para poder enjuiciar a sus gobernantes cuando cometen actos de corrupción? ¿Qué hizo la justicia guatemalteca para obligar a renunciar a su Vicepresidenta y Presidente, detenerlos y someterlos a proceso por el delito de corrupción que han cometido? ¿Qué nos falta a los mexicanos para darnos un mejor gobierno?

Las respuestas encontradas abarcan un catálogo de posibilidades, desde las más simples y groseras, hasta aquellas sofisticadas y complejas que obligan a una reflexión para clarificar si el caso Guatemala es un espejo donde se pueda mirar la realidad mexicana y saber si sus experiencias en la lucha contra la corrupción e impunidad gubernamental constituyen un referente para nosotros como nación.

México y Guatemala: similitudes y distancias

Una vez ubicados en este punto, surgen las obligadas interrogantes: ¿de Guatemala a México, cuál es la diferencia? ¿Qué razones profundas existen para que una sociedad se movilice exigiendo castigo a la corrupción gubernamental y la estricta aplicación de la ley para poner fin a la impunidad de que goza sus gobernantes?; sobre todo, cuando no existen antecedes de que algo semejante haya ocurrido en la historia de ninguna de ambas naciones. Vamos a verlo.

México y Guatemala no sólo comparten frontera geográfica, sino que forman parte de una misma historia, en la que se unen las raíces culturales, el idioma y el haber sido parte del mismo protectorado a que fueron sometidos (económica, política, militar y religiosamente) durante los 300 años que duró el Virreinato español.

Más aún, durante la efímera aventura imperial que promovió Agustín de Iturbide al concluir la independencia de México en 1821, la entonces considerada Provincia de Guatemala, que comprendía el territorio de lo que hoy es el estado de Chiapas, pasó a formar parte del Imperio Mexicano hasta su separación e independencia en1823.

A lo largo de los dos últimos siglos, las relaciones bilaterales han sido de trascendental importancia para ambos países, no sólo por la vecindad geográfica que guardan, sino por la estrecha relación política, comercial, diplomática y migratoria que han mantenido; la cual ha estado permeada de situaciones de conflicto y reconciliación, debido a discrepancias político-diplomáticas.

No obstante, desde la segunda mitad del siglo XX, México ha jugado un importante papel de apoyo y acompañamiento en los diversos conflictos internos por los que ha atravesado el país vecino, destacándose la intermediación diplomática y humanitaria en el proceso de negociación de la paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno guatemalteco, que puso fin a 36 años de guerra civil y llevó a nuestro país a recibir en su territorio a más de 45 mil personas desplazadas y ser un actor relevante en el desarrollo de las negociaciones y firma de los tratados de paz entre los grupos en conflicto.

Luego de la firma de los Acuerdo de Paz de 1996 y la repatriación voluntaria de la población refugiada en nuestro país, la relación entre México y Guatemala experimentó un nuevo impulso, fundado en el diálogo político, el incremento de los flujos comerciales y la cooperación, permitiendo que en la actualidad se desarrolle en un marco de concordia y armonía, basada en la voluntad política de ambos gobiernos.

Sin embargo, por sus dimensiones geográficas, poblacionales y económicas, comparativamente se advierten brechas que marcan profundas diferencias. Por ejemplo: con sus casi dos millones de kilómetros cuadrados, México ocupa el lugar número 13 de entre los 194 países en que se divide el planeta territorialmente, en tanto que Guatemala ocupa el lugar 105 con 109 mil kilómetros cuadrados; superficie menor al estado de Durango (123 mil 364 km2) y ligeramente superior a Oaxaca (93 mil 758 km2). En tanto que poblacionalmente, el país hermano cuenta con casi 17 millones de habitantes, población muy cercana a la de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es de casi 22 millones, y nada comparable con la que tenemos a nivel nacional, que de acuerdo con datos del CONAPO en 2014, se estima en 122 millones de mexicanos.

En términos económicos, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondientes a 2013, México ocupa el lugar número 14 en el ranking de las economías del planeta, por la captación de su Producto Interno Bruto (PIB) nominal, mientras que Guatemala ocupa el lugar número 76.

En tanto que dentro del Índice de Desarrollo Humano 2014, elaborado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, México ocupa el lugar número 71 y Guatemala el 125; ubicando al país vecino dentro del grupo de naciones con bajo desarrollo, con más de la mitad de su población viviendo en condiciones de pobreza y, dentro de este porcentaje, 14.5% se encuentra en pobreza extrema y uno de cada 10 guatemaltecos corre el riesgo de caer en esas dos categorías en los próximos años.

Si bien se puede señalar una abismal diferencia al recodar que México se ubica dentro de las economías más fuertes del orbe, esa situación no lo salva de mantener altos índices de pobreza que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dan cuenta que en nuestro país la población en situación de pobreza se ha incrementado alarmantemente durante los dos últimos años, hasta alcanzar la cifra de 55.3 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza (46.2%) y 11.4 millones (9.5%) en pobreza extrema, en 2014.

Si bien las comparaciones socioeconómicas arrojan diferencias que pueden resultar obvias, debido al tamaño poblacional, territorial e intensidad de la actividad económica que guarda cada país, si integramos las opiniones y percepción de la población, relacionadas con los valores y actitudes cívicas, su comportamiento frente a la vida política, el aprecio por la democracia como forma de gobierno y sobre el desempeño y confianza de las instituciones y autoridades gubernamentales, encontraremos profundas similitudes, como se advierte al considerar datos publicados por el Latinobarómetro 2013.

Conforme a dicho informe, se sabe que tanto guatemaltecos como mexicanos solemos tener poco interés por la política, como lo demuestran los porcentajes adquiridos en la encuesta. Mientras que 47.2% de los guatemaltecos entrevistados respondieron estar nada interesados por la política, 30.3 dijo estarlo poco. En tanto que entre los mexicanos 36.6% respondió estar poco interesado y 32.8 dijo que nada.

Sin embargo, y por paradójico que parezca, la población de ambas sociedades ha manifestado tener, con ciertas ambigüedades, una inclinación favorable por la democracia, como se advierte al saber que 40.7% de los guatemaltecos contestaron que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno mientras que 36.8 de los mexicanos contestó en el mismo sentido.

En tanto que en el mismo porcentaje señalado, la población de ambas naciones considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; no obstante que 29% de los guatemaltecos dijo que les daba lo mismo contar con un régimen democrático que uno que no lo fuera, contra 37.2 % de los mexicanos que tuvieron la misma consideración.

Respecto a la evaluación de sus instituciones y gobiernos, 40.5% de los guatemaltecos dijo tener poca confianza en su gobierno y 27.5 ninguna; en tanto que 36.5% de los mexicanos dijeron tener poca confianza en el gobierno y 28.4 ninguna.

Con relación a los partidos políticos, 34.4% de los guatemaltecos dijo tenerles poca confianza y 47.7 ninguna; en tanto que de los mexicanos 33.4% dijo tener poca confianza y 42.8 ninguna.

En cuanto al Poder Judicial, 39.1% de los guatemaltecos dijo tener poca confianza y 32.1 ninguna; mientras 30.4% de los mexicanos dijo tener poca confianza y 38% ninguna.

Respecto al Congreso, 36.4% de los guatemaltecos dijo tener poca confianza contra 39.8 que dijo no tener ninguna; en cuanto a los mexicanos, 34.8% dijo tener poca confianza, 31.6 dijo que ninguna.

Por lo que se refiere al Presidente de la República, 33.8% de los guatemaltecos dijo tener poca confianza y 29.7 ninguna; en tanto que 34.8% de los mexicanos dijo tener poca confianza y 28.7 ninguna.

Mientras que 68.2% de los guatemaltecos dijeron no estar dispuestos a salir a marchar y protestar por la defensa de sus derechos democráticos, 28.7 dijo estar muy dispuesto; en tanto que 67.1% de los mexicanos dijo no estar dispuesto y 30.7 dijo estar muy dispuesto.

México frente al espejo guatemalteco

A pesar de las similitudes encontradas en materia de cultura cívica y algunas prácticas democráticas entre sus ciudadanos, si profundizamos las particularidades históricas de cada país podemos corroborar que en su desarrollo político e institucional contemporáneo Guatemala y México presentan abismales diferencias.

Mientras que nuestro país vivió desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta inicios de la década de los ochenta un periodo de desarrollo expansivo en lo económico, social y cultural, que lo llevó a ser considerado como “el milagro mexicano” y a partir de 1977 un proceso de liberalización política que si bien no estuvo exento de episodios sangrientos, represión y restricción de las libertades, con el correr de los años sentó las bases para emprender la transición a la democracia, hizo visible la pluralidad de nuestra vida política, impulsó la participación ciudadana y la creación de un amplio sistema de partidos que abrió de par en par las puertas del Congreso a los diputados de partidos de oposición, permitiendo la gradual alternancia en los gobiernos municipales, estatales y el Distrito federal, hasta concluir con la Presidencia de la República en el año 2000.

Si bien es importante destacar que a lo largo del proceso de liberalización política (1977-1988) el factor electoral constituyó el eje de nuestro zigzagueante tránsito a la democracia, también lo es admitir que la dinámica sociopolítica que emergió del proceso de modernización iniciado en las décadas de 1960-1970, y que se profundizó en la década de los 80 con las reformas neoliberales, propició la recomposición socioeconómica de la población —reflejada en el incremento de las tasas de población alfabetizada, en la urbanización de las ciudades y en el acceso a los productos del cambio tecnológico que llegaron al país— y la emergencia de un conjunto de movimientos sociales y de numerosas organizaciones civiles o ciudadanas que han enfocado su acción a causas cívicas como la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la observación electoral, la educación cívica, la justicia legal y la sustentabilidad del ambiente.

Mientras que otras, con un trabajo público menos vistoso pero más antiguo, se han enfocado a la atención de necesidades básicas de la población como salud, educación, desarrollo rural, cajas de ahorro popular, vivienda, atención a discapacitados, asistencia a comunidades pobres; cuyas luchas y formas de organización contribuyeron a instaurar en el espectro político nacional, como actor social, a la denominada sociedad civil.

Circunstancias, todas ellas, que hicieron posible transformar la realidad política e incentivar la participación plural de la ciudadanía en la construcción de nuestra democracia. Cabe destacar que dichas organizaciones cumplieron un papel clave en la “ciudadanización” de los organismos electorales, a favorecer la transición pacifica a la democracia (dialogo y distensión militar en el conflicto armado con los zapatistas) y en la convocatoria al llamado “voto útil” en la elección presidencial del 2000, que fue determinante en el triunfo de Vicente Fox.

No obstante, su proceso de institucionalización se vio interrumpido por disputas y rupturas internas entre organizaciones, y porque no lograron afianzar mecanismos sólidos que permitieran su consolidación y peso específico en la formulación de estrategias de intervención en la vida política nacional, al menos hasta 2008. Cuando al calor del debate para enfrentar la crisis de violencia criminal e inseguridad que afectaba al país, recuperaron su papel preponderante e influencia para constituirse en un soporte insustituible del nuevo orden legal que se empezó a configurar con la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, que todavía espera alcanzar sus mejores resultados en los años por venir.

En tanto que el proceso guatemalteco, a pesar de los intentos que realizaron los gobiernos nacionalistas de Juan José Arévalo y Jacobo Arbénz, a mediados del siglo XX, por democratizar sus instituciones e impulsar un gobierno soberano, la intervención de los Estados Unidos en apoyo a grupos económicos de interés local (hacendados y banqueros) propició que se desencadenaran repetidos periodos de violencia, ruptura de la vida institucional, inestabilidad económica, política y social, conflictos recurrentes entre fuerzas políticas opositoras, incluyendo el movimiento guerrillero, y el ejército que derivaron en una larga una guerra civil que duró de principios de la década de los 60 hasta 1996.

Tiempo durante el cual su sociedad padeció los efectos perniciosos de gobiernos dictatoriales, juntas militares y frecuentes golpes de Estado que propiciaron oleadas de gente desplazada de sus comunidades, refugiados y aberrantes violaciones a los derechos humanos que significaron la muerte de 200 mil personas durante el periodo.

Es decir, que los ciudadanos guatemaltecos han sido víctimas, durante décadas, de gobiernos genocidas, totalitarios y corruptos que han entorpecido el desarrollo institucional y el progreso de su nación, al mantener el control político y económico en unas pocas manos y explotar las riquezas naturales y el presupuesto público a sus anchas, en total impunidad y beneficio de unos cuantos.

Estas circunstancias resultaron propicias para que floreciera la corrupción, se acentuara la impunidad como realidad nacional, se desdibujara la existencia de un siempre precario Estado de derecho y creciera la desconfianza de la sociedad en las instituciones y gobiernos que, durante largo tiempo, recibieron acusaciones ante instancias internacionales de derechos humanos de ser los instigadores de los miles de crímenes contra la población civil y las organizaciones políticas opositoras; incluyendo el patrocinio de escuadrones de la muerte y, con el apoyo de los Estados Unidos, en la creación de grupos militares de élite como los tristemente célebres kaibiles.

Si bien el fin de la guerra permitió al país vecino emprender la reconciliación nacional e instaurar una precaria democracia, su sistema político siguió envuelto en escándalos de corrupción y violencia contra grupos indígenas desplazados por la guerra civil. Situación que se vio agravada con la aparición de grupos de la delincuencia común y organizada, la inoperancia de sus instituciones de justicia, la falta de voluntad de sus gobernantes por atender las problemáticas de seguridad y el aumento de delitos violentos que emergieron después de la firma de los tratados de paz en 1996.

Pese al compromiso del gobierno chapín de “combatir cualquier manifestación de las fuerzas ilegales de seguridad” que se mantuvieron activas después de la guerra y a quienes se les acusa de haber cometido más de seis mil crímenes contra mujeres y niños entre 1997 y 2004.

Situación que se vino a agudizar con la aparición de grupos delincuenciales como las Mara Salvatrucha, provenientes del Salvador, y con la expansión del narcotráfico mexicano, liderado por el Cártel del Golfo y los Zetas, a quienes, según han denunciado diversos medios, autoridades gubernamentales y de inteligencia de ambos países, entrenaban los kaibiles.

También, resulta importante señalar que desde hace años la mayor parte de los delitos perpetrados por el crimen organizado en Guatemala están estrechamente vinculados con la situación que en la materia se vive en México. Es decir que el tráfico de drogas, de especies animales, el lavado de dinero, la trata y tráfico de personas, la extorsión, maltrato y asesinato de migrantes son delitos que cotidianamente se cometen en los límites territoriales de ambos países y con la participación y complicidad de ciudadanos y autoridades de los dos lados; quienes mantienen intereses en común y comparten ganancias y complicidades. O sea, que ni ellos ni nosotros, como países, somos ajenos a los problemas que sucede en uno y otro territorio.

No obstante la problemática referida, un factor que se derivó de la movilización de la sociedad guatemalteca a lo largo de los años de guerra, fue el florecimiento de muchas organizaciones civiles protectoras de los derechos humanos y de apoyo a los desplazados, quienes jugaron un papel fundamental en el proceso de pacificación y en la denuncia de los crímenes de guerra; cuyo trabajo rindió frutos al integrar una Comisión Nacional de Reconciliación y movilizarse para exigir cuentas a los responsables de los crímenes del pasado, que llevaron a juicio, en 2013, al General Efraín Ríos Mont, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado y fue acusado de haber ordenado el asesinato de más de mil 700 indígenas durante su mandato (de 1982 a 1983).

La lucha contra la impunidad y el papel de las organizaciones civiles en Guatemala

Memorable resulta el movimiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en Guatemala realizado durante 2002; quienes al calor de los ataques contra activistas defensores de los derechos humanos crearon una coalición de organizaciones especializadas para garantizar sus protección y lanzaron una campaña nacional de presión, a fin de que el gobierno accediera a crear una comisión responsable de proteger a estos grupos y sus integrantes e investigar las agresiones de que fueron víctimas.

De esta iniciativa se derivó que un año después, 2003, el gobierno guatemalteco, en reconocimiento a su incapacidad para atender la problemática, solicitara el apoyo y asistencia del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas para desarrollar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar las actividades delictivas de los grupos agresores para ser sometidos a juicio.

Como resultado de ello, y no sin enfrentar la oposición de las fuerzas políticas internas y después de la visita técnica que realizó personal de la ONU a territorio chapín para verificar la gravedad de la situación existente, en 2004 ambas instancias firmaron un acuerdo que daría origen a la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) en Guatemala.

No obstante, debido a la oposición en el Congreso a la decisión gubernamental —aduciendo que la disposición violaba facultades constitucionales que eran exclusivas del Ministerio Público— la iniciativa fue sometida a consulta de la Corte de Constitucionalidad y postergaron su aprobación, ya modificada, hasta 2005.

Entre 2005 y 2006 el Gobierno guatemalteco modificó el texto para eliminar todas las inconstitucionales planteadas por la Corte y replanteó su petición al Departamento de Asuntos Políticos de la ONU para negociar el establecimiento de una comisión con un mandato revisado que, durante 2006, fue entregado al Secretario de la ONU y de donde emergería el acuerdo para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El acuerdo se firmó el 12 de diciembre de 2006, fue ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007 y entró en vigor el 4 de septiembre del mismo año, cuando el Estado guatemalteco notificó a la ONU que había completado sus procedimientos internos para su aprobación y ratificación. Diez días más tarde, el Secretario General de la ONU nombró al abogado español Carlos Castresana Fernández como Comisionado, para estar al frente de la CICIG.

Castresana estaba presidido de un alto prestigio profesional, dentro y fuera de España, por haber encabezado notorias investigaciones como el caso Gil, sobre las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Marbella y ex presidente del club de fútbol Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil. Pero alcanzó notoriedad internacional cuando presentó cargos contra el general chileno Augusto Pinochet ante la Audiencia Nacional española, acusándolo de genocidio, tortura y terrorismo, lo que más tarde dio origen a su juicio y posterior detención. También, destaca dentro de su trayectoria profesional las acusaciones y juicio promovido contra los militares que gobernaron Argentina de 1976 a 1983, entre otros casos más.

Después de una fecunda labor, que comprende la promoción de 16 reformas legislativas, el ordenar y ejecutar 140 órdenes de captura, así como la detención del ex presidente Alfonso Portillo, acusado de un desfalco de más de 70 millones de dólares, en junio de 2010 Carlos Castresana renuncia a la titularidad de la CICIG acusando fuertes presiones de grupos de poder ligados con actos de corrupción, incluido el Fiscal General de la República.¹

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

En lo político, organizativo y financiero, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) nace como un órgano independiente y sus actividades y manutención se realiza a través de contribuciones voluntarias que realiza la comunidad internacional que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros patrocinadores; mediante un fondo fiduciario administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En su expresión normativa, comisiones como la CICIG constituyen una novedosa herramienta que las Naciones Unidas utiliza para la promoción del Estado de derecho entre los países que la integran; que teniendo un ámbito de ejercicio nacional ha sido facultada para promover acciones penales ante tribunales internacionales.

La CICIG se constituyó teniendo una vigencia original de dos años —que bajo acuerdo entre las partes ha sido prolongado en varias ocasiones— y con la encomienda de:

1. 1. Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
2. 2. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
3. 3. Hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición.²

1. Contrabando y defraudación tributaria;
2. Corrupción en el sector público;
3. Financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales;
4. Corrupción judicial; y
5. Narcotráfico y lavado de dinero.

1. El caso Pavón y PARLACEN (Parlamento Centroamericano), efectuado entre 2006 y 2013, donde la CICIG imputó a ex funcionarios del gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) envueltos en la ejecución extrajudicial de reos en requisas de las cárceles Pavón y El Infiernito, así como en el asesinato de tres diputados salvadoreños del PARLACEN.
2. El caso del ex Presidente Alfonso Portillo (2000-2004), efectuado entre 2006 y 2008 . La CICIG, coadyuvó a enjuiciarlo junto a varios militares por el delito de malversación de fondos y corrupción. El ex embajador de Taiwán, Andrew Wu, fue implicado en el hecho por la entrega de cheques al ex mandatario. Portillo cumpliría una condena de prisión en Guatemala y luego en los Estados Unidos a donde fue extraditado, y en febrero de 2015 retornó a Guatemala.
3. El caso de Adolfo Vivar, ex Alcalde de la Antigua Guatemala, efectuado entre 2008 y 2012, quien lideraba una banda que defraudó a la Municipalidad con al menos veintitrés millones de quetzales, en la contratación de servicios a empresas que no ejecutaron las obras.
4. El caso Rosenberg, efectuado en 2009. La CICIG Colaboró en el descubrimiento de la planeación suicida de Rodrigo Rosenberg, quien antes de su muerte y mediante un video inculpó al ex presidente Álvaro Colom y a su secretario particular de haber perpetrado el crimen, desencadenando una crisis institucional que inicialmente colocó al Gobierno en una situación comprometida. Después de un proceso de investigación y peritajes, que contó con la participación de trescientos funcionarios de once países y que requirió, entre otros esfuerzos, del análisis de cien mil llamadas telefónicas y la intercepción de catorce teléfonos, tomas de video, fotos, diagramas y documentos para sustentar sus conclusiones, la Comisión concluyó en que no hubo una conspiración política contra el presidente Álvaro Colom y determinó que el video había sido producido por el periodista Mario David García Velásquez y Luis Mendizábal. No todos estuvieron de acuerdo con la apreciación de la CICIG de que Rodrigo Rosenberg se mandó a ultimar y presentaron evidencia que supuestamente contradecía o vulneraba muchos de los puntos principales de la hipótesis presentada por la CICIG, o hacía surgir nuevas preguntas, el 15 de julio de 2010, nueve de los acusados fueron condenados de 10 a 12 años
5. El caso contra la Dirección General de Migración, efectuado en 2014. La CICIG actuó contra una estructura criminal que emitía pasaportes a extranjeros, permitía el ingreso de los viajeros al aeropuerto nacional sin dejar registro y proporcionaba vehículos a los ilegales, en contubernio con traficantes de personas.
6. El caso Byron Lima, realizado en 2014. La CICIG Desmanteló una red ilegal dirigida por el reo Byron Lima, ex oficial del Ejército de Guatemala, quien cumplía condena por el asesinato del arzobispo Juan Gerardi. Lima y doce personas más fueron acusados de lavado de dinero, extorsión, venta de seguridad y de traslados de reos de una cárcel a otra.³

1. 1. El 16 de abril de 2015 la CICIG y el Ministerio Público guatemalteco hicieron pública la detención de un grupo de funcionarios de gobierno acusados de pertenecer a una red de defraudación fiscal en las aduanas. Dentro del grupo se encontraban funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el presunto líder de la banda, Juan Carlos Monzón Rojas, quien resultó ser el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. La red ofrecía a los importadores la posibilidad de pagar impuestos menores a los obligados, a cambio del pago de sobornos que constituían actos de defraudación al erario y generaban ganancias multimillonarias a sus ejecutores.
   Los beneficiarios de este mecanismo, que según cálculos estaría integrada por más de mil empresas, buscaban ayuda marcando un número telefónico donde eran atendidos y se les comunicaba el monto de los sobornos. De ahí que a la organización defraudadora se le conociera como “La Línea”.
   Si bien la Vicepresidenta removió a su secretario y éste aprovechó su estancia en el extranjero para huir, la indignación social que produjo la noticia se incrementó con el exhorto realizado por el periodista Rubén Zamora a través del Facebook (#RenunciaYa), y quien también es Director del diario El Periódico, a manifestarse para exigir la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta.
   A esta acción siguió la renuncia de Alejandro Sinibaldil, precandidato presidencial a su partido, (el Partido Patriota), del cual también son militantes el Presidente y la Vicepresidenta, junto a decenas de alcaldes y una veintena de diputados, aduciendo que su renuncia era en protesta por el desmantelamiento por la CICIG y el Ministerio Público de la “Red Monzón” en la Superintendencia de Administración Tributaria, las desacertadas intervenciones en las aduanas y puertos marítimos y la interferencia de Baldetti con su campaña presidencial.
   Del 17 al 25 de abril se suscitan una serie de acontecimientos que incluyen la aparición de la biografía “no autorizada” de la vicepresidenta Baldetti, donde se le acusa de actos de corrupción en complicidad de miembros del gabinete presidencial, la presión de organizaciones sociales exigiendo al gobierno la extensión del mandato de la CICIG, la circulación de supuestos mensajes de la Mara Salvatrucha disuadiendo a la sociedad de manifestarse, rumores sobre un golpe de Estado y la realización de una masiva manifestación ciudadana en la Plaza de la Constitución de la capital guatemalteca, protestando por la corrupción existente en el SAT. El 27 de abril el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, que agrupa a las cámaras patronales en Guatemala, exige que tanto el Presidente como la Vicepresidenta declaren sus patrimonios y señala que las investigaciones ministeriales revelan casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, manifestando su apoyo a todos los movimientos pacíficos que fortalezcan la democracia e institucionalidad del país; mientras que diversos sectores sociales convocan a realizar manifestaciones durante el mes de mayo.
   El 29 de abril, las 72 comunidades indígenas del país anuncian manifestaciones pacíficas en la capital y la provincia para exigir la renuncia del binomio presidencial. Ante ello, el presidente Pérez Molina aseguró que quienes piden su renuncia “es un grupo que no refleja el sentir de los guatemaltecos”.
   Durante los primeros días de mayo se repiten las manifestaciones masivas, se suscitan ataque cibernéticos del grupo Anonymus al portal del SAT, la CICIG detiene a funcionarios de primer nivel del SAT, mientras que su directiva interina le solicita que se investigue a los cargos ejecutivos de la Administración Tributaria, incluyendo intendentes, gerentes y subgerentes, así como obtener legalmente el nombre de las empresas importadoras que se beneficiaron de la estructura criminal que defraudó al fisco.
   A través de las redes sociales se sigue convocando a marcha multitudinarias para mostrar el repudio al Gobierno y los partidos políticos, en tanto que la Suprema Corte traslada el expediente de la Vicepresidenta al Congreso para dar inicio a su prejuicio, mientras que el CACIF exige su renuncia bajo la amenaza de que si no lo hace convocará a un paro nacional, al tiempo que solicita al Ministerio Público, la CICIG y el Organismo Judicial se profundicen las investigaciones para determinar todas las responsabilidades y que las personas involucradas en los hechos de corrupción sean perseguidas.
   No sin antes oponerse a las peticiones, la Vicepresidenta admite ser sometida a prejuicio señalando que no renunciará pero, ante la presión social, el 8 de mayo presenta su renuncia; misma que le fue aceptada por unanimidad en el Congreso.
   Días después, el 14 de mayo, el Congreso eligió al abogado Alejandro Maldonado Aguirre como Vicepresidente del país; en tanto que el día 16 se realizó una nueva marcha multitudinaria para exigir, una vez más, la renuncia de Pérez Molina y se convoca a otra más para el día 20, en donde abrían de converger los más variados sectores de la sociedad guatemalteca.
2. 2. En medio de la crisis de institucionalidad y ante un escenario de multitudinarias marchas de protesta, el 20 de mayo la CICIG y el Ministerio público hacen público un nuevo caso de corrupción; esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que puso al descubierto la corrupción de su junta directiva, cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales.
   En total hubo dieciséis detenciones, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente Otto Pérez Molina. Otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ).
   Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014 y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias. Según la investigación, los detenidos se coludieron “con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social” y se habrían quedado con el 15% del total del monto del contrato, el cual asciende a 116 millones de quetzales.
3. 3. Meses más tarde, 21 el de septiembre, como resultado de las investigaciones realizadas por la CICIG y el Ministerio Público, dos juezas, Jisela Reynoso y Marta Sierra de Stalling fueron arrestadas por su presunta responsabilidad en casos de corrupción institucional; en tanto que el Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Guatemala, Erik Santiago de León, fue detenido bajo el cargo de cohecho pasivo, al tratar de cobrar comisión, por un monto equivalente a 1.3 millones de dólares, a cambio de una resolución favorable para una empresa sancionada por evasión de impuestos.
   Lo destacado del asunto es la liga de Sierra Stalling con el caso “La Línea”, al ser acusada de haber facilitado la libertad bajo fianza de 6 de los 22 procesados por participar en la red de corrupción aduanera. La CICIG señaló que se habría dado una negociación ilegal entre los detenidos y la jueza Stalling a cambio de dinero, con el agravante de que los liberados son piezas clave en la estructura criminal de “La Línea”.

1. a. El hecho de que en Guatemala no existe en su Constitución ningún precepto político que le otorgue inmunidad al Presidente;
2. b. A que el Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo y cuenta con el apoyo de la CICIG para la realización de las investigaciones ministeriales y como coadyuvante en las denuncias contra funcionarios gubernamentales;
3. c. A que las investigaciones se realizaron con estricto apego a la ley y de manera transparente; y
4. d. A la amplia movilización de la sociedad en contra de las autoridades gubernamentales y partidos políticos.

1. para transparentar el financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos;
2. para garantizar que los servidores públicos estén sujetos a controles que promuevan la eficiencia, la transparencia y la contratación y promoción basada en el mérito.
3. para que una vez que los funcionarios públicos designados, contratados o electos entren en funciones, presenten tres declaraciones: patrimonial, impuestos y de intereses (Transparencia Mexicana), y sean objeto de medidas disciplinarias apropiadas;
4. que se instituyan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de las finazas públicas;
5. que se establezca, como política pública, el fomento de prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción;
6. que se establezcan infracciones penales para combatir la amplia gama de formas de corrupción existentes;
7. que se establezca un servicio profesional de carrera real para evitar que la designación de los altos funcionarios responsables de dirigir las instituciones de transparencia y combate a la corrupción sean designados a partir de intereses políticos.