La estrategia de invertir todo el capital político del Presidente y sus aliados para sacar adelante las reformas estructurales, contribuyó a que los temas de seguridad y justicia pasaran a un segundo plano en la agenda pública

El 1° de diciembre del año 2000, después de varias décadas de gobiernos priístas, el país amaneció con un Presidente surgido de la oposición. Sin embargo, la fiesta democrática con la que celebramos la alternancia en el poder, duró muy poco. Hoy, según el último reporte del Latinobarómetro, el 66% de los mexicanos está de acuerdo con el sistema de gobierno, cuando en la región el promedio es de 79%. Sólo el 21% de los mexicanos considera estar satisfecho con la democracia. Esta insatisfacción de los mexicanos con la democracia es multicausal y responde, en muchas ocasiones, a procesos históricos de largo plazo, aunque desde mi perspectiva es posible destacar tres factores:

1) Los vicios del pasado (corrupción, nepotismo, tráfico de influencias e ineficiencia burocrática) y las viejas prácticas clientelares siguen presentes en el funcionamiento diario de nuestras instituciones públicas. Mientras no se realicen acciones contundentes contra estos obstáculos al desarrollo democrático, los altos índices de impunidad y el caos estructural de nuestro sistema de justicia seguirán formando parte de nuestra vida cotidiana.

2) Durante este periodo de consolidación del régimen democrático, si bien el Estado ha logrado mantener cierta estabilidad de los indicadores macroeconómicos, en el nivel micro económico persiste el grave problema del desempleo y la falta de oportunidades e incentivos para detonar el potencial económico de nuestro país; fenómenos que además fomentan el crecimiento de la economía informal y el engrosamiento de las filas del crimen organizado, ya que son fuentes “accesibles” de trabajo para miles de jóvenes.

3) La espiral de violencia e inseguridad en la que nos encontramos inmersos desde hace varios años ha trastocado todas nuestras actividades sociales y económicas, sin poder vislumbrar aún una puerta de salida en el corto plazo. De hecho, el gran desafío del Estado mexicano es recuperar la gobernabilidad y la presencia institucional en varios municipios o regiones del país que hoy son controlados por el crimen organizado, a través de una compleja red de corrupción, coacción y extorsión (pago de piso).

En este contexto, el próximo 1° diciembre, Enrique Peña Nieto cumplirá un año como Presidente de la República. Como todo gobierno ha tenido resultados importantes, pero también errores u omisiones que pueden ser corregidos, en beneficio de todos los mexicanos.

En este sentido, reconozco la capacidad política del gobierno federal y de varios sectores de la oposición para trazar un calendario ambicioso de reformas legislativas, en un entorno global que nos exige transformar nuestros hábitos e instituciones. A pesar de los pronósticos, muchas de estas reformas ya han sido aprobadas y están en la fase de reglamentación e implementación, como es el caso de la reforma educativa. Otras reformas están pendientes como la política y la energética, aunque podrían ser aprobadas antes de que concluya el periodo ordinario del Congreso; en tanto que algunas modificaciones tendrán que esperar hasta el próximo año, como el caso de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.

Sin embargo, esta misma estrategia de invertir todo el capital político del Presidente y sus aliados para sacar adelante las reformas estructurales, contribuyó a que los temas de seguridad y justicia pasaran a un segundo plano en la agenda pública.

Desde un inicio, el nuevo gobierno federal decidió bajarle el perfil mediático a los temas de seguridad y justicia. Como tal, esta medida puede ser debatible e incluso tener argumentos a favor, siempre y cuando las autoridades ofrezcan resultados concretos y cuantificables que permitan evaluar las políticas de seguridad.

En las condiciones actuales que vive el país, me temo que el gobierno federal aún no tiene respuestas claras a las preguntas que se hace cualquier ciudadano: ¿Cuándo podremos salir a la calle sin el temor de ser asaltado o secuestrado? ¿Cuándo dejaremos de recibir llamadas telefónicas desde un penal para ser extorsionados? ¿Cuándo podremos transitar en las autopistas o carreteras federales con seguridad, sin retenes militares o barricadas con encapuchados? ¿Cuándo podremos confiar en nuestros policías, jueces y ministerios públicos?

Con las reformas estructurales aprobadas este año, seguramente lograremos revitalizar nuestra economía, pero si resolviéramos el problema de la inseguridad seguramente este crecimiento sería mucho mayor, debido al alto costo económico que tiene la inseguridad convertido en desempleo, cierre de empresas, pago de piso y de rescates, robo de bienes, etc.

El gobierno de Vicente Fox tuvo la oportunidad histórica de combatir de forma frontal la corrupción y la inseguridad, pero prefirió “administrar” el bono democrático sin hacer ninguna transformación de fondo que le implicara un desgaste político o una confrontación directa con grupos de interés. El gobierno de Felipe Calderón decidió utilizar la bandera de la seguridad para enfrentar la crisis de legitimidad causada por las elecciones de 2006, sin haber armado desde el principio una estrategia transversal y de largo plazo, que no se sustentara únicamente en el combate frontal con el crimen organizado.

El gobierno actual cuenta con el tiempo suficiente y la oportunidad histórica de terminar su sexenio con resultados significativos en materia de seguridad. Estoy convencido de que si el próximo año el gobierno federal, los gobiernos locales y los partidos políticos invierten el mismo capital político destinado a la aprobación de las reformas estructurales, en cumplir con los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y hacer efectivas las acciones de seguridad y justicia previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, podríamos terminar el 2014 con una reducción importante en la incidencia de los delitos que más afectan a los mexicanos.

Por: Alejandro Martí

Fecha de Publicación: 16 de octubre del 2013

Fuente: Animal Político