Por Orlando Camacho Nacenta*

México vive envuelto en una ola de impunidad que, durante los últimos tiempos, crece y se acentúa carcomiendo las bases sociales, políticas y morales donde se sustenta nuestra convivencia como sociedad.

La frecuencia y número de hechos de impunidad que se presentan en nuestra vida cotidiana han despertado la preocupación de la comunidad internacional y colocado a nuestro país entre los peor calificados dentro del Índice Global de Impunidad 2015. Novedoso estudio de corte académico y pionero en la materia, que fue elaborado y presentado a principios de abril por el Centro de Estudios sobre la Impunidad de la Universidad de las Américas, campus Puebla, y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del mismo estado; dando cuenta de la vergonzosa permisividad con que contamos los mexicanos para trasgredir nuestras leyes sin ser sometidos a una sanción proporcional a las faltas que cometemos.

Importa señalar que cuando hablamos de transgredir la ley no nos referimos sólo al ámbito de la delincuencia común u organizada, sino a todos esos espacios de la vida social donde actuamos y se moldean las formas que tenemos de relacionarnos como comunidad y de construir nuestro desarrollo como sociedad, a partir de un acuerdo mutuo que se encuentra cifrado en el beneficio común y el respeto a la ley.

Por este motivo, cabe señalar que nos convertimos en generadores y promotores de la impunidad y su grotesca hermana siamesa, la corrupción, cuando conducimos a alta velocidad, nos pasamos un alto intencionalmente o estacionamos nuestro auto en un lugar prohibido y pagamos “mordida” para no ser sancionados; o cuando incurrimos en la misma práctica para facilitarnos la realización de algún trámite oficial, para incumplir con una obligación fiscal, obtener el acceso a un servicio público o recibir un beneficio social sin cumplir con los requisitos establecidos, por mencionar algunos ejemplos.

Si bien los hechos señalados no son cosa menor, pues hacen evidente la fragilidad de las leyes con que contamos para normar nuestra vida colectiva y la escasa voluntad de un importante sector de la ciudadanía dispuesta a aceptarlas y respetarlas, existen otros niveles de impunidad y corrupción que contribuyen a quebrantar gravemente nuestra confianza en la ley, en nuestras instituciones y en la justicia; dejándonos la sensación de que en este país todo se vale, que no se pueden cambiar las cosas y no tenemos remedio como sociedad.

Me refiero con ello al papel y desempeño de un gran número de nuestros gobernantes, autoridades y representantes populares, que mucho tienen que ver ¾por acción u omisión¾ con la promoción y generación de la impunidad y corrupción que nos agobia; en tanto servidores públicos responsables de dirigir la vida de las instituciones del Estado y los destinos de nuestra sociedad.

Baste con recordar que México goza históricamente del nada decoroso prestigio mundial de contar dentro de su clase política con servidores públicos ¾dentro de los tres ámbitos de gobierno¾ con propensión a practicar y tolerar diversas formas de corrupción, como el soborno, el tráfico de influencias y nepotismo, así como de utilizar, sin pudor alguno, sus cargos para realizar favores políticos a cambio de beneficios económicos que muchas veces dan pie al enriquecimiento ilícito y se constituyen en fraudes al erario. O, sobre todo durante los últimos años, han resultado estar ligados a actividades relacionadas con el lavado de dinero, el narcotráfico y complicidad con organizaciones criminales.

Quizá en ello resida la poca confianza que los ciudadanos tenemos en nuestros gobernantes y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes, quienes gozan de amplias facultades para el ejercicio discrecional de sus cargos, para disponer de los recursos materiales y financieros de las instituciones bajo su responsabilidad y muy pocas obligaciones para rendir cuentas transparentes sobre sus actos y desempeño institucional.

Pero peor resulta el saber que aunque existan leyes y mecanismos institucionales para someter a escrutinio el comportamiento de nuestros funcionarios y gobernantes, todo ello es insuficiente para sancionar con severidad las omisiones e ilegalidades en que incurren durante el cumplimiento de sus cargos, garantizándoles con ello condiciones favorables para que cometan actos de corrupción y se reproduzca la impunidad.

Para darnos idea del tamaño del problema que nos aqueja, basta saber que en abril pasado el entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Juan Olivas Ugalde, informó que durante 2014 se aplicaron 16 mil 851 “penalizaciones” a servidores públicos que incurrieron en irregularidades (El Universal, 23/04/2015). De ese total, 3 mil 678 fueron suspensiones, 3 mil 104 inhabilitaciones, 422 destituciones, 4 mil 260 amonestaciones públicas, 4 mil 467 privadas y 920 sanciones económicas, ¡sin ser sometidos a proceso penal!

Más aún, también nos enteramos que en los últimos dos años se impusieron sanciones por corrupción a 101 funcionarios de 11 instituciones públicas federales por un monto de 339 millones 460 mil 617 pesos (aproximadamente 22 millones de dólares) ¡y que nadie ha pagado las multas! Dando cuenta con ello de la acumulación de actos de corrupción de funcionarios públicos en distintos años y poniendo en evidencia la debilidad institucional que nos aqueja; lo cual se traduce en un daño económico que provoca pérdidas equivalentes al 10% del PIB nacional (El País, 22/04/2015).

Pero los datos mencionados languidecen cuando recordamos la impunidad que cobija a los ex gobernadores, ex presidentes municipales, ex y actuales líderes sindicales que se han enriquecido grosera e ilícitamente a la sombra del poder público y pasean sus mal habidas fortunas con total desfachatez, cobijados por la ofensiva impunidad que nos sofoca.

Mientras que en términos sociales, la tolerancia con funcionarios y políticos corruptos, además de alimentar la hidra de la impunidad institucional, propiciando que crezca entre la ciudadanía la sensación de que las instituciones no son el mejor espacio para resolver los problemas y necesidades que nos aquejan y los incentiva para que sigan reproduciendo prácticas de corrupción cotidianas para facilitar la satisfacción de algunas necesidades, bajo la idea de que existen pocas o nulas posibilidades de ser sancionados.

Lo cual resulta de suma gravedad, pues tanto los ciudadanos como los propios políticos no podemos olvidar que el Estado, como máxima expresión de nuestra organización política, es el órgano ejecutivo de la sociedad encargado de dar forma y controlar el espacio común en el que la vida en de todos los mexicanos se desarrolla y en la que todos los individuos esperamos encontrar respuestas a nuestras demandas y necesidades.

Enfrentar a la corrupción e impunidad y derrotarla en el terreno donde se genera, es una tarea a la que todos estamos convocados, pues este perverso binomio es un problema mayúsculo que corroe la vida de las instituciones responsables de satisfacer las necesidades básicas de la población nacional y garantizar el acceso a la justicia de todos nosotros y las generaciones futuras.

Seguiremos abundando en ello.

*Director General de México SOS